26 de febrero de 2026
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este
jueves un duro comunicado en el que confirmó que recurrirá a la Justicia para
evitar la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por
supuestas "graves irregularidades" en sus procesos administrativos. La
institución que preside Claudio Tapia consideró que la designación de
funcionarios ajenos a su estructura es una medida "ilegítima", tomada con una
"finalidad política ajena a la ley".
En un comunicado oficial, la institución la AFA sostuvo
que la intervención de funcionarios externos es un ataque directo a la
autonomía del fútbol argentino y anticipó que agotará todas las instancias
judiciales para revertir la medida.
El comunicado de
la AFA: acusaciones cruzadas y clima de máxima tensión
La AFA publicó un extenso escrito en el que cuestionó
duramente el accionar de la IGJ y puso en duda la legalidad de la designación
de veedores. "No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa
del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría
es un capricho", relacionó.
El texto remarcó que la IGJ habla de "graves
irregularidades" y menciona "millones de dólares de origen y destino
desconocido" y una "sede social falsa", pero que al mismo tiempo sostiene que
la veeduría "no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración
de la entidad". Para la AFA, si las irregularidades fueran realmente graves, la
IGJ debería aplicar sanciones formales y no limitarse a una medida
"preparatoria".
Además, la AFA negó que existan balances sin presentar
desde hace más de ocho años y aseguró que los ejercicios 2017 a 2024 fueron
entregados "en tiempo y forma", aunque reconoció que hay "vistas pendientes" de
contestación, lo que implica que el trámite sigue abierto y no hay
irregularidades firmes.
Sobre el ejercicio 2025, la entidad explicó que no lo
presentó ante la IGJ porque desde noviembre de 2024 su domicilio legal está
inscripto en la Provincia de Buenos Aires, tal como fue ratificado el miércoles
con otro comunicado.
El conflicto por
la sede y la disputa de poderes
Uno de los puntos más calientes del conflicto es la
mudanza de la sede de la AFA a Pilar, que la IGJ calificó como "falsa" porque
en el predio no hay oficinas. Sin embargo, la AFA respondió que el cambio de
domicilio fue aprobado por la autoridad provincial y que la inscripción es válida
y está vigente.
La entidad también recordó un antecedente judicial: el
caso del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por
Patricia Bullrich en 2023, cuando la IGJ intentó una intervención que luego fue
anulada por la Justicia por "violación al debido proceso". Según la AFA, la
metodología fue la misma y ya fue desestimada por los tribunales.
La AFA denunció que quedó en el medio de una disputa de
poderes entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre
la entidad, y que el fútbol argentino está siendo utilizado como "campo de
batalla" en una pelea política que nada tiene que ver con el control
administrativo.
La sospecha de la
AFA: las SAD como pelea de fondo
En su comunicado, la AFA apuntó directamente que la
intromisión de la IGJ tiene un trasfondo político claro: imponer las Sociedades
Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. "No se trata de controlar una
asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las
SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora
del modelo de clubes sociales", advirtió la entidad.
La estrategia
judicial de la AFA
La AFA confirmó que en las próximas horas presentará las
acciones judiciales correspondientes para que la medida de la IGJ sea
desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. La entidad anticipó
que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si es
necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el cierre del comunicado, la AFA envió un mensaje directo a los clubes, los socios y los hinchas: "El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas".
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