Locales. Organizaciones socioambientales exigen la intervención de la Defensoría del Pueblo ante el debate por los adoquines

En el marco del creciente conflicto legislativo en torno a la preservación del adoquinado histórico y los granitullos en nuestra ciudad, la Asociación Civil Punto Verde, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra formalizaron hoy una solicitud institucional ante la Defensoría del Pueblo. El pedido explícito es que este organismo solicite ser incorporado con voz y voto en la Comisión de Patrimonio que tratará la protección del adoquinado tandilense. El objetivo es destrabar la discusión que actualmente mantiene el Honorable Concejo Deliberante y garantizar un control ciudadano efectivo en el debate.

La Ordenanza N° 9821 de 1995 brindaba protección integral a unas 143 calles empedradas de Tandil y fue derogada en 2009 por la Ordenanza N° 11400. Al respecto, las organizaciones manifiestan que las actas de la sesión del HCD reflejan que aquella normativa se eliminó de manera "exprés". "Al repasar el registro de aquella jornada, parecería que los propios concejales ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaban votando", señalaron, denunciando una absoluta falta de argumentación técnica y una alarmante liviandad jurídica que desprotegió el patrimonio local a espaldas de los vecinos.

UN PISO MÍNIMO E INNEGOCIABLE

Frente al actual escenario legislativo y la falta de consenso entre los bloques políticos, las organizaciones -que el pasado 6 de abril ya habían expuesto sus fundamentos mediante la utilización de la Banca XXI- sostienen que el Estado tiene la obligación legal de progresar en la ampliación de derechos ambientales y culturales, y nunca de retroceder. Por lo tanto, consideran inconstitucional la derogación de la Ordenanza 9821.

En este sentido, las entidades valoraron que una parte de los concejales actuales haya mostrado lucidez al comprender la gravedad del error administrativo cometido en 2009. Sin embargo, apuntaron con dureza contra el resto del cuerpo legislativo: "Resulta inadmisible e incomprensible que todavía existan ediles que crean tener el derecho de evaluar si se protege o no lo que ya estaba plenamente resguardado. No hay nada que deliberar sobre lo que fue quitado ilegalmente; la reparación histórica debe ser inmediata".

Por este motivo, exigen como un paso automático e indiscutible la restitución inmediata de la protección sobre las 143 calles originales. "Consideramos que ese es el mínimo innegociable, y a partir de allí, la única discusión válida en las comisiones debe ser cómo ampliar dicha salvaguarda para alcanzar la totalidad de las aproximadamente 160 calles empedradas con las que cuenta Tandil", detallaron en la misiva.

EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La presentación hace especial hincapié en la legislación vigente y los tratados internacionales, que exigen de forma vinculante la participación democrática de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno. Debido a que las asambleas firmantes no son convocadas por la Comisión de Patrimonio, consideran "urgente y necesario" que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo en este espacio.

Las organizaciones argumentan que la Defensoría cuenta con el conocimiento técnico-legal idóneo y representa la única garantía institucional de que "el despropósito administrativo ocurrido en 2009 no vuelva a repetirse a puertas cerradas y sin control ciudadano". Por ello, solicitaron formalmente que el organismo requiera e impulse su incorporación inmediata con voz y voto en dicha comisión.