9 de julio de 2008
Como era lógico esperar, a cada avance de la causa judicial por la denuncia del pago de horas extras a empleados del Cementerio en tiempos de campaña electoral radical, vuelven las repercusiones políticas, especialmente aquellos actores políticos que entienden debería revisarse no sólo el nivel de responsabilidades sobre lo ocurrido sino más allá, más precisamente sobre el mecanismo de otorgamiento de horas extras de las arcas comunales.
Consultado el secretario de Obras Públicas, Mario Civalleri, máximo responsable del área donde ha quedado circunscripto –al menos para la justicia- el “fraude en perjuicio de la administración pública”, insistió en su defensa para con el ex director hoy procesado, Carlos Balbín, no sin dejar de brindar detalles sobre cómo se disponen y funcionan las horas extras en el erario público municipal.
“Lo que existe es una asignación o autorización de determinado cupo de horas hacia cada dirección, el director las administra y las plasma en planillas que luego son remitidas a la secretaría (Obras Públicas) para la tramitación del pago. En la secretaría entonces llega el resumen de la carga horaria de cada gente. De la secretaría pasa a Personal y de allí a Economía, sintetizó el funcionario lunghista.
Para Civalleri, el nivel de responsabilidad sobre las horas extras llega hasta la dirección. “Imagínense con un área como por ejemplo Vialidad, que tiene trabajos en puntos distintos del Partido, los horarios son consignados por los capataces y volcados a una planilla que son corroborados por el director, quien es el que asigna las tareas”.
“No hay auditorías permanentes –aclaró- para todas las tareas que requieren responsabilidad. La responsabilidad está en quien está a cargo de controlar esa tarea. Este es el uso y la costumbre respecto a la organización de las horas. No hay otros mecanismos especiales que hayan sido creados”.
El secretario no dejó de mencionar que “pareciera que se da por descontado que existe realmente un ilícito, hecho en un marco de intencionalidad, bueno, para eso está la justicia que resolverá”.
“Todavía –añadió- no se ha demostrado nada, sinceramente digo lo mismo que dije hace un año atrás: esta denuncia fue hecho en el marco de un conflicto sindical, con lo cual me parece importante permitirle a una persona, que se sabe que es un laburante, al menos ejercer su derecho a defensa y que deje aclarado sobre su situación”.
Civalleri insistió en que se pierde de vista que muchas acciones del municipio “donde hay una cantidad importante de gente que asume responsabilidades que no son auditadas permanentemente”.
Sobre el caso particular y su conocimiento de empleados municipales colaborando en actos de campaña, dijo que no desconocer la situación.
“En los actos se ofreció ganar un peso a determinadas personas para colaborar en el armado. No desconozco que se había ofrecido a gente de esta área como de otras. Tras lo ocurrido uno puede juzgar este tipo de trabajos como inconvenientes, pero no se olviden que mucha de la gente que trabaja en el municipio nos reclama la posibilidad de ganar algún peso más a través de alguna acción, o cuando existen adicionales el mismo sindicato cuestiona determinado tipo de contrataciones cuando no se toma a los propios empleados para hacer horas extras”.
Reconoció Civalleri que “puede ser juzgado el accionar como inconveniente en este caso, pero descarto que fuera hecho con alguna intencionalidad y mucho menos cuando vemos de los montos que se hablan. Sinceramente confío en lo que el director me ha manifestado y sinceramente espero que pueda acreditar lo que sostiene. Para eso está la justicia y tendrá la oportunidad de hacerlo”, cerró.
La mirada del Sindicato
También en diálogo con la Am 1560, el secretario general del gremio municipal, Roberto Martínez Lastra se refirió el virtual desenlace de la instrucción penal de la fiscalía.
Al respecto subrayó que “por primera vez un fiscal toma en cuenta lo que nosotros decimos y denunciamos. En este caso nosotros no habíamos hecho la denuncia en la justicia porque oportunamente denunciamos los medicamentos vencidos en el Hospital, denunciamos cuando los pacientes eran tratados en el hospital y después se lo llevaban las obras sociales como particulares, cuando alguna institución privada tiraba residuos patogénicos que se juntaba en el Hospital, y los sumarios nunca llegaron a nada. Por lo menos aquí un fiscal investigó, no importa que sean dos o mil pesos, se investigó y se corroboró que lo que dijeron los compañeros era verdad”.
Sobre el rol de Balbín, el sindicalista entendió que resulta un chivo expiatorio. “Se hizo cargo, pero aquí hay un jefe de campaña y otras responsabilidades. Con qué fin él iba a pagar él, era el director, bueno, no se, se investigará”, dudó.
CONTEXTO
-¿Tuvieron alguna autocrítica teniendo en cuenta que la denuncia la hicieron en medio de un conflicto sectorial?
-La gente en caliente salió a decir eso. Seguramente que esta denuncia se tenía que haber hecho en otro contexto, es más las pruebas las teníamos y la podíamos haber presentado después del conflicto. Acepto que no debió hacerse en medio de un conflicto gremial.
-¿Usted puede descartar que este tipo de prácticas no se sucedieron en otras oportunidades?
-Hubo denuncias de otros compañeros de otros sectores, pero finalmente ninguno dio la cara y todo quedó en la nada. Los compañeros del Cementerio la siguieron y llegamos a esta instancia judicial.
-Pero más allá si hubo otros empleados involucrados ¿colaboraron con esa misma modalidad en otros actos?
-Supuestamente hubo personal de otras áreas que colaboró, pero no se llegó a hacer una denuncia formal. En el caso del Cementerio, como se hizo público se tuvo que seguir o podían terminar ellos presos por falsa denuncia.
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