14 de enero de 2026
Representantes del desarrollo inmobiliario y herederos de la Chacra 274 presentaron un pedido de pronto despacho ante el Intendente Miguel Ángel Lunghi, denunciando una parálisis administrativa deliberada, la desaparición de documentación pública y una presunta "usurpación de funciones" por parte del Ejecutivo municipal.
El conflicto por el proyecto urbanístico "Miradores de Montecristo" ha escalado a una instancia crítica. Este miércoles 14 de enero, los cesionarios de los derechos hereditarios del Dr. Ángel María Valiente Noailles y el desarrollador Gastón Giove, junto a la Asociación de Vecinos "Miradores de Montecristo", presentaron una formal solicitud de Pronto Despacho ante la parálisis del expediente administrativo N° 5890/24.
Una
"confesión" radial que desató la polémica
El eje central del reclamo se basa en declaraciones públicas
del Intendente Miguel Ángel Lunghi. Según las fuentes, en una entrevista radial
el 12 de enero de 2026, el mandatario admitió haber pedido una
"cautelar" para frenar el trámite administrativo hasta que las partes
"se pongan de acuerdo".
Los denunciantes sostienen que esto constituye una
"usurpación de funciones", ya que el dictado de medidas cautelares es
una atribución exclusiva del Poder Judicial y no de un intendente. Además,
aseguran que existe una "orden interna" política para no mover el
expediente, a pesar de que las áreas técnicas -como Vialidad e Hidráulica- no
habrían encontrado objeciones.
Uno de los puntos más alarmantes del reclamo es la
desaparición de aproximadamente 40 fojas (del folio 64 al 120) del expediente
público, las cuales contendrían resoluciones fundamentales de la Dirección de
Planeamiento y Obras Urbanas y Territoriales (DPOUT).
Asimismo, las fuentes detallan episodios de opacidad
administrativa. Se denuncia que el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas,
Luciano Lafosse, se habría negado a mostrar el expediente argumentando que
"ese expediente es nuestro", lo que los recurrentes califican como un
abuso de autoridad y una violación al derecho de vista.
Derechos históricos y
contradicción fiscal
La defensa de la Chacra 274 argumenta que el loteo cuenta
con aprobaciones estatales desde 1946 y 1947. Los recurrentes destacan una
"contradicción absoluta" por parte del Municipio: mientras bloquean
el permiso de construcción alegando incertidumbre sobre el dominio, la
administración local ha aceptado pagos de deuda al contado, ha firmado
convenios de pago y ha permitido la instalación de infraestructura eléctrica a
nombre de los actuales titulares.
La nota presentada también vincula la parálisis con el
accionar del empresario Luis Cerone, quien enfrenta denuncias por falso
testimonio e intento de usurpación. Según las fuentes, Cerone habría
manifestado en el pasado que no dejaría de molestar a los desarrolladores hasta
recibir una suma de "500.000 dólares". Los firmantes sugieren que la
intervención política del Municipio podría estar favoreciendo intereses ajenos
a la función pública.
Los solicitantes han otorgado un plazo de cinco días hábiles
para que el Municipio resuelva el pronto despacho, ordene la vista del
expediente con las fojas reintegradas y reconozca la vigencia de los permisos
históricos.
De lo contrario, advierten sobre el inicio de demandas por
daños y perjuicios y denuncias penales contra los funcionarios involucrados.
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