La oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos expresó hoy su
preocupación por la comprobación con diversas fuentes en el terreno de 35
atentados y 52 homicidios en contra de defensores de estos derechos en lo
que va del año en el país.
"Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo nuestro análisis, y
todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido
entre la oficina (de la ONU) y la Fiscalía.De estos, el 75 por ciento de
las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y
los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de
sofisticación para encubrir a los autores intelectuales", señaló en
comunicado publicado por la prensa colombiana.
Agregó que "el primer acuerdo de paz (entre el gobierno y la guerrilla de
las FARC) se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy han
ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la oficina en 2016. Siete
de ellos tuvieron lugar en áreas rurales, incluidos los homicidios
recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño, en donde las FARC
tenían presencia histórica, y están retirándose", dijo
Advirtió que "el vacío que vienen dejando las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), aunado a la presencia de economías ilícitas,
ha favorecido  el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad,
incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se
disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las
personas".
"La oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los
líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general,
situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación
históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas
rurales de por los menos 22 departamentos del país", destacó el
comunicado.
El organismo hizo un llamado al Estado colombiano para que "garantice la
protección y seguridad de la población en general incluyendo a los
defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol
para la construcción de la paz y la consolidación de una sociedad
democrática".
"La oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas
rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a
que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los
derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan
superar las causas estructurales de la violencia", concluyó.