La agencia de Administración de Bienes del Estado fue autorizada a través del decreto 225/2017, como se informara oportunamente, para enajenar gran parte del campo de entrenamiento del Ejército “Mariano Necochea” ubicado en ruta nacional 226 y el acceso de la Base Aérea.
El campo posee una superficie total de 359 hectáreas, 65 As y 16 Ca, de las cuales 30 hectáreas quedarán como espacio de la memoria, ya que funcionó el centro clandestino de detención durante la Dictadura conocido como “La Huerta”.
En los considerandos del decreto que lleva la firma del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña se indica que “Que la Municipalidad de Tandil ha presentado ante la Agencia de Administración de Bienes Del Estado un Proyecto Logístico para ese Municipio que contempla la creación de un Centro de Distribución Urbana, de un Parque de Agronomías y de una terminal de carga de cereales para el corredor ferroviario de la región hacia el Puerto de Quequén, presentación que cursa por conducto del Expediente EX-2017-01815406-APN-DMEYD#AABE y que guarda relación con el inmueble ubicado en la Ruta Nacional Nº 226 sin número, identificado catastralmente como Partido 103, Circunscripción X, Parcela 1099, Partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires”.
También se indica que “que corresponde tener presente que respecto del inmueble descripto en el considerando anterior, se han delimitado y excluido de la presente autorización los sectores que pudieren estar sujetos a su preservación como sitio de memoria, en razón de haber funcionado allí el centro clandestino de detenciones "La Huerta", conforme consta en el croquis correspondiente que se encuentra agregado al ANEXO que forma parte de la presente medida”.
MAS PROPIEDADES
También se dispone la venta de varios inmuebles en CABA y 8.500 hectáreas de un campo perteneciente al Ejército de Córdoba sobre un total de 12.300 hectáreas.
En los considerandos de la aprobación se valora que “que los bienes del Estado Nacional y los derechos sobre ellos son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, los cuales conforme los estándares de uso racional, no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil”.
Además argumenta el PEN “qQue, en esa inteligencia, sumado a los costos asociados a su manutención se adicionan los riesgos latentes de ocupación, pérdida de valor de los mismos, focos de inseguridad, como también el evidente perjuicio urbanístico y social que provoca la conservación de tales activos en estado de subutilización, desocupación o abandono”.
Que del análisis efectuado por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO resulta que mantener ociosos o desaprovechados dichos inmuebles implicaría desatender intereses prioritarios del ESTADO NACIONAL.
Que es necesario poner a disposición de terceros, a través de procesos de venta, los inmuebles considerados inadecuados para las necesidades de gestión del ESTADO NACIONAL, a fin de incentivar la puesta en valor de los mismos con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y maximización de su potencial inmobiliario o urbanístico, promoviendo la cooperación con el sector privado a través de la construcción y la generación de empleo genuino.
Que en ese orden, las operaciones que se propician no sólo constituirán una fuente de ingresos para el TESORO NACIONAL, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.