13/02/2017

Mundo

Toledo, con orden de captura en Perú, denunció una "caza de brujas" en su contra

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, con orden de captura en su país
acusado de haber recibido millonarias coimas de la constructora brasileña
Odebrecht, denunció hoy ser victima de una "caza de brujas", pero no aclaró
dónde se encuentra, mientras el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski,
agradeció a Israel su decisión de impedirle ingresar, y pidió a su par
estadounidense, Donald Trump, que facilite su deportación.
Tres días después de que Perú solicitara judicialmente su detención, Toledo
pidió en redes sociales, con un comunicado donde mantuvo en secreto su
paradero, aunque presumiblemente siga en Estados Unidos, su presunción de
inocencia y afirmó no haber cometido los delitos que le imputan.
Los delitos imputados por la Fiscalía son tráfico de influencias y lavado
de activos por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en
sobornos de Odebrecht, a cambio de favorecerla en la licitación de la
Carretera Interocéanica del Sur, que recorre el territorio peruano desde la
costa del Pacífico hasta Brasil.
La Justicia peruana consideró que existen indicios suficientes para pensar
que Toledo intervino en la contratación de Odebrecht en esa obra, y ordenó
que sea encarcelado de manera preliminar por 18 meses mientras continúa la
investigación.
Toledo calificó hoy esa decisión judicial de una "infamia", afirmó que
llamarlo "fugitivo" es una distorsión maquiavélica y condicionó su
presencia en el proceso a que no lo prejuzguen culpable.
El comunicado de Toledo fue el broche a un día donde el gobierno peruano
estuvo pegado al teléfono para lograr que Estados Unidos e Israel colaboren
con la ubicación y detención del ex presidente.
Al comenzar la jornada, el Ejecutivo peruano temía que Toledo estuviera a
bordo de un avión rumbo a Israel para refugiarse allí, dado que no existe
tratado de extradición entre ambos países.
Además, Toledo guarda buenas relaciones en Israel con empresarios como
Josef Maiman, presunto testaferro en el cobro de los sobornos de Odebrecht
dentro de un entramado de empresas offshore.
Los altos funcionarios peruanos respiraron tranquilos cuando el gobierno
israelí anunció que no permitiría el ingreso de Toledo a su territorio
hasta que no aclare los asuntos que tiene pendientes en Perú, y se
terminaron de calmar cuando se confirmó que Toledo no se encontraba en la
aeronave.
Ahora los esfuerzos del gobierno peruano se centran en mandar toda la
documentación e información requerida por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos para que este pueda tramitar una orden de detención en su
territorio.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió que Toledo todavía
puede salir de Estados Unidos con entera libertad, hasta que la Fiscalía
peruana no solvente los requisitos de las autoridades estadounidenses, algo
que, confió, pueda darse hoy mismo, reportaron las agencias EFE y DPA.
El caso de Toledo llegó en la tarde de ayer al máximo nivel cuando
Kuczynski solicitó telefónicamente a Trump que evalúe la posibilidad de
deportar al ex presidente a Perú, dentro de las facultades que la ley de
migración otorga al Departamento de Estado.
Trump llamó a Kuczynski desde el avión presidencial, el Air Force One, en
medio de la incógnita del paradero de Toledo, después de que se conociera
que no viajó desde San Francisco (California) a Israel, versión que anoche
manejaba el gobierno peruano.
En el Ejecutivo liderado por Kuczynski son conscientes que una deportación
acortaría los trámites para que Toledo regrese a su país natal, aunque este
cuenta con residencia en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en
la Universidad de Stanford (California).
Por otra parte, Kuczynski anunció en un mensaje televisado a la nación que
el Estado peruano decidió no volver a contratar a la constructora Odebrecht
y que le obligará a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus
recursos y bienes al exterior.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el
caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber
pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre
2005 y 2014, período que comprende los gobiernos de Toledo (2001-2006),
Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

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