9 de diciembre de 2009
Finalmente el intendente Miguel Lunghi junto a alguno de sus colaboradores se trasladó al barrio de La Movediza para entrevistarse cara a cara con los vecinos sin techo que han decidido ocupar las viviendas sin terminar del plan federal. El jefe comunal expuso sobre los inconvenientes legales que podría tener la comuna en caso de avalar el proceder que han tenido el centenar de ocupantes, a la vez de consensuar algunas medidas de acción conjunta que permita destrabar la delicada situación que pone en jaque a la ciudad que no ha encontrado mecanismos viables para salir, al menos paulatinamente del déficit habitacional.
Los vecinos reconocieron que saben que el Intendente no está recibiendo plata del gobierno Nacional para estas obras y por eso “nosotros lo vamos a acompañar a reclamar para que estas casas se terminen de construir”.
Por su parte, el jefe comunal, comentó que “la gente tienen necesidades y nosotros tendremos que gestionar para ver si le podemos dar soluciones. Por el momento, vamos a concretar un censo”. Este relevamiento servirá para saber “la cantidad de gente que hay habitando las casas, las necesidades urgentes y, especialmente, saber la cantidad de chicos que están viviendo en estas condiciones”.
Ambas partes creen que “con el diálogo sincero que se inició ayer, seguramente podremos llegar a un buen puerto”. Los vecinos también le agradecieron a Lunghi por haberse hecho presente en el lugar.
DISCRIMINACION
En diálogo con el programa Examen Final de la Am 1560, el secretario de Obras Públicas, Mario Civalleri, dijo lo suyo, acusando concretamente a la administración central por “castigarlos” con el corte de partidas que permitan finalizar las viviendas.
“La obra está en un marco contractual, hay una situación legal de por medio que resolver con la empresa y con Nación, con lo cual mal podría el municipio entregar las viviendas cuando están en el marco de un conflicto”, aclaró el ingeniero.
Consideró lamentable que se lleguen a situaciones como estas por una suspensión de pagos de certificados cuando hay un convenio firmado.
“La empresa detuvo los trabajos cuando quedaron dos certificados sin pago. Salió una carta documento denunciando el contrato. Se la rechazamos, pero al mismo tiempo intimamos a Nación por el cumplimiento del convenio”, añadió.
Civalleri insistió en que se hicieron muchas gestiones. “El gobernador Scioli se comprometió e intervino en el tema, sin éxito hasta el momento, pero me parece que esa es la forma de dar una solución definitiva al tema”.
El secretario también aclaró que estas viviendas, si se pueden llamar de esta manera que han sido ocupadas, “le corresponderían a otra gente que ha sido sorteada en su momento que tenían prioridad en el barrio de 200 viviendas. El tema es bastante incómodo. Entendemos el problema de la gente, pero no es la manera de solucionarlo”.
Dijo que los problemas no se solucionan de manera voluntarista, sino con recursos. Sostuvo que muy pocos municipios hacen viviendas, apenas algunos con planes de muy pocas unidades.
Ya en tren de responsabilidades, atribuyó intencionalidad al Gobierno nacional de suspender los pagos. “Nos parece una actitud absolutamente irresponsable, porque en definitiva lo que se hace es castigar a la gente”.
“El municipio le va a poner el cuerpo al problema -afirmó-, porque los vecinos son gente de Tandil, pero no somos los causantes del problema”.
Siguiendo con la acusación el poder central, sostuvo que “el Gobierno ha tomado la decisión de discriminar entre amigos y supuestos enemigos en términos políticos. Es una responsabilidad del Gobierno nacional, para mi es absolutamente lamentable”. Consideró un castigo por el color político de la comuna “nadie la ha dicho pero es más que evidente. Otros los tienen y otros como nosotros no”.
Civalleri reseñó que el barrio funcionaba perfectamente, tenía ocupadas más de 100 personas, con un buen ritmo de obra y de pronto “por un capricho vaya a saber de quien, pero seguramente del Gobierno nacional alguien decidió que en Tandil no siguieran las viviendas. Esto es una cosa absolutamente repudiable, mas allá de otras cuestiones que uno puede evaluar”.
Siguiendo con las críticas al kirchnerismo, sostuvo que “este gobierno ha tomado medidas mas allá de la legalidad de las mismas, es sorprendente pero es lo que tenemos”.
“Hemos hecho todos los intentos por las vías normales, pedir audiencias por teléfono, por escrito. No hemos sido recibidos. Hemos enviado cartas documento. No podemos ir a punta de revólver para forzar una conversación. Haremos la denuncia mediática de estos hechos y el otro por la vía legal correspondiente No hay muchas alternativas en esta situación”, cerró.
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