Nacionales. Aborígenes de Jujuy denunciaron desalojos

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Organizaciones aborígenes de Jujuy denunciaron desalojos violentos de pobladores en Palma Sola, este de la provincia, perpetrados al parecer por productores que reclaman los predios como propios, y pidieron al gobierno que evite autorizar más desmontes en la zona.

Los grupos advirtieron, además, que los desalojos se están llevando a cabo de forma violenta, con amenazas de muerte, tiros y golpes a los pobladores, en esa región ubicada 160 kilómetros al este de la capital provincial.

Representantes de los pueblos originarios omahuaca, kolla, ocloya y tilian, de esta provincia, concurrieron el martes al bloque radical del Senado, donde denunciaron los desalojos y anunciaron que reclamarán la restitución inmediata de sus territorios ancestrales.

Varias entidades, como la Organización Campesina Agro-Ganadera (OCA), seis comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Guaraní y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron el jueves pasado un amparo ambiental contra la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy (DPPAyRN).

Las organizaciones advirtieron sobre "la responsabilidad del gobierno provincial sobre el futuro los bosques jujeños, la biodiversidad y los posibles desalojos de familias campesinas e indígenas por el avance del desmonte, además del riesgo de inundaciones".

Las organizaciones reclamaron a la Justicia en un comunicado que "se declare la nulidad de las autorizaciones de desmonte otorgadas en el Departamento de Santa Bárbara, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.331 (conocida como ley Bonasso) hasta la actualidad".

"También solicitamos a la DPPAyRN se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones de desmonte, hasta tanto se sancione por ley un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que sea realmente participativo y garantice la conservación de los bosques nativos de la provincia, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al bienestar común de la sociedad", dijeron.

El gobierno de Jujuy, señalaron los organismos, "por decreto" estableció un plan de desmonte donde "no hay una descripción ni análisis pormenorizado de las masas boscosas forestales en sus aspectos ecológicos, culturales, sociales y económicos, ni un inventario forestal con un nivel de detalle que permita justificar la zonificación que se realizó".

Los grupos atribuyeron al desmonte las consecuencias devastadoras de los incendios forestales que semanas atrás arrasaron unas 20 mil hectáreas en el Parque Nacional Calilegua.

En ese sentido, manifestaron que "la quema de los cordones de los desmontes, provocando incendios forestales descontrolados" generó "graves daños" en sectores preservados y sus alrededores.

Por eso reclamaron al gobierno las "declaraciones de emergencia forestal, en virtud de los incendios de los últimos meses".