A damnificados de Tandil. Agencia de turismo estudiantil deberá pagar 130 veces más de lo que debía devolver por incumplir con viaje de egresados

La cifra final surge, en gran parte, de la falta de información y de respuestas frente a los reclamos: si la empresa hubiera cumplido a tiempo con la simple devolución del dinero, el costo total habría sido de apenas $453.750. El fallo llega en plena temporada de contratación de viajes de egresados 2027.

El caso

En 2019, un grupo de estudiantes de distintos colegios secundarios de Tandil contrató, junto a sus padres, un viaje de egresados a Camboriú (Brasil) con la empresa Viafín Turismo - VF S.A. Cuando se acercaba la fecha prevista para viajar, las familias pidieron reiteradamente información concreta sobre el itinerario y no obtuvieron respuestas claras ni oportunas. Ante la falta de novedades, varios padres presentaron reclamos formales ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tandil, instancia a la que la empresa tampoco dio una respuesta adecuada.

Finalmente, cuando el viaje no pudo concretarse y las familias solicitaron el reintegro del dinero abonado, la empresa volvió a incumplir: no devolvió las sumas comprometidas.

Cinco grupos familiares -cada uno integrado por un estudiante y su padre o madre- demandaron a la empresa por incumplimiento contractual y daños y perjuicios, con el patrocinio del abogado tandilense Lucas Daniel Sanz, especializado en defensa del consumidor.

La Cámara de Apelaciones de Azul confirmó en definitiva la responsabilidad de la empresa por la falta de información y por el incumplimiento en la devolución del dinero.

Lo que costaba cumplir vs. lo que terminó costando incumplir

El contraste entre ambos escenarios es contundente. En 2022, cuando las familias pidieron la baja del viaje, la propia empresa reconoció una deuda de entre $90.000 y $93.750 por cada grupo familiar (75% de lo pagado, reteniéndose el resto). Sumando los cinco grupos, ese reintegro nunca pagado equivalía a $453.750 en total.

Tras litigar durante varios años, con el patrocinio de un abogado especializado en la materia, la Cámara fijó, en definitiva, por cada grupo familiar:

? Reintegro del valor actual del viaje: $1.722.500

? Daño moral: $3.000.000 para el/la estudiante y $1.000.000 para su padre o madre

? Daño punitivo (multa civil): el equivalente a 4 Canastas Básicas Totales (INDEC), $6.443.089,92 a la fecha del fallo

Eso arroja $12.165.589,92 por cada grupo familiar y $60.827.949,60 en total entre las cinco familias -sin contar los intereses, que corren desde 2021/2022 y siguen sumando. Es decir, más de 130 veces lo que la empresa hubiera pagado si simplemente devolvía el dinero en su momento.

"Consumidores en situación de vulnerabilidad"

Un aspecto central del fallo es que la Cámara calificó a los estudiantes -adolescentes al momento de contratar- como consumidores en situación de vulnerabilidad y desventaja, categoría que exige a las empresas un estándar reforzado de información, diligencia y trato digno.

Según el tribunal, la frustración de un viaje de egresados afecta un momento "único e irrepetible" en la vida de los jóvenes, lo que justifica una reparación más alta que la de un incumplimiento contractual común.

El tribunal también valoró especialmente la falta de información sostenida en el tiempo: ni ante las consultas directas de los padres, ni ante las denuncias en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ni luego frente al pedido de reintegro, la empresa brindó respuestas claras y oportunas.

Recomendaciones para las familias

Con la temporada de contratación de viajes de egresados en marcha, desde el estudio jurídico se recomienda a las familias:

? Exigir un contrato por escrito individual para cada estudiante, con copia entregada en el momento -no alcanza con que "un padre firme por todos" ni con la promesa de subirlo luego a una plataforma.

? Verificar que la agencia cuente con el seguro de caución exigido para viajes estudiantiles, y pedir que se acredite la póliza.

? Guardar toda la documentación: folletos, comprobantes de pago, contratos y cualquier comunicación por WhatsApp o correo electrónico.

? Ante la falta de información o de respuestas, reclamar siempre por escrito (correo electrónico o carta documento), para dejar constancia y fijar fecha cierta del reclamo.

? Si la empresa no da respuesta, acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y, de no resolverse, iniciar mediación prejudicial y, eventualmente, una demanda judicial.

? Saber que la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) ampara estos reclamos, incluyendo la posibilidad de solicitar daño moral y daño punitivo cuando la empresa incumple.