Policiales. Ahora investigarán presunta complicidad entre policías y explotadores sexuales

Conocida la sentencia a tres hombres y una mujer, por trata de personas y explotación sexual en una vivienda del barrio San Cayetano, ahora la Justicia pondrá la mira en la presunta complicidad policial, pues integrantes de la fuerza local visitaban el sitio de cautiverio y supuestamente "arreglaban" con los delincuentes, según testimonios difundidos en el debate oral.

Así lo señaló el fiscal Juan Manuel Petiggiani, en declaraciones al programa "Cada Mañana", de AM 1560. Es el funcionario que elaboró la acusación que terminó en condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, con penas de 4 a 7 años.

Cabe recordar que tras 8 días de suplicio, las jóvenes paraguayas, de 22 y 28 años, fueron rescatadas y contenidas por la Comisaría de la Mujer y profesionales en la materia, a través de la ayuda del Programa de Protección de Testigos.

Luego retornaron a su país de origen, donde continuó el calvario. Una de las chicas había dejado a sus hijos al cuidado de personas cercanas a los imputados y tuvieron que iniciar otro proceso judicial para recuperarlos.

En la casa de citas, ubicada en San Francisco al 2.100 (a metros de la Parroquia San Cayetano), al parecer era común la visita de policías con uniforme, según surgió del juicio. Las propias víctimas y otros testigos aseguran haber visto ingresar efectivos para "arreglar" con el proxeneta, dijo Petiggiani.

Esta posible connivencia policial inyectó aún más temor a las explotadas, pues "no sabían a quien pedir auxilio", esbozó el fiscal. Además, dos habitués del lugar testificaron que los dueños les indicaron: "quédense tranquilos que con la Policía ya arreglamos".

Estos valiosos testimonios expuestos ante el Tribunal impulsaron una investigación paralela, a instancias del propio Petiggiani. La misma sentencia dispuso que se extraiga copia certificada y se "remita al Juzgado Federal de la ciudad de Azul, a fin de que se investigue la posible complicidad de las autoridades policiales de la ciudad de Tandil en los hechos juzgados”.

Entre los condenados hay un argentino, dos paraguayos y un chileno. De los cuatro, sólo uno residía transitoriamente en Tandil, pues el resto se había radicado en la ciudad hace años. Incluso, al día de hoy, hay familiares de los condenados viviendo en este distrito.

El cautiverio duró 8 días. Y si bien puede considerarse un lapso de tiempo corto, los daños psicológicos en las mujeres resultó "irreparable", trascurridos más de dos años de los hechos.

En el juicio, las jóvenes declararon mediante el novedoso sistema de videoconferencias, desde Paraguay, instrumento moderno que evitó el contacto cara a cara con los malvivientes.

"En 50 minutos de testimonio, una de las víctimas se quebró en varias oportunidades", reveló el fiscal federal.

"La gente debe entender que privar de la libertad a una persona provoca secuelas irreparables", insistió Petiggiani.

ATROZ

El dato dramático: una de las víctimas se resistía a mantener relaciones sexuales con extraños, mientras la otra, por el cuadro de sometimiento, optó por tener acceso carnal para congraciarse con los captores, para obtener un mejor trato.

Justamente, la más reticente de las chicas se intentaba escapar permanentemente. Y una de las fugas fue abortada, por lo que recibió un castigo importante. Pero al día siguiente, pese al encierro, logró huir con éxito, para dirigirse al Centro Comunitario "San Cayetano": "sufría un gran temor, no conocía la ciudad ni el medio, no tenía dinero ni podía confiar en la Policía, el cuadro era desolador. Pero venció esos obstáculos, priorizó su libertad y escapó".

Además, Petiggiani elogió el trabajo de su par tandilense, el instructor Damián Borean: "hizo una tarea encomiable, con diligencia impulsó la investigación y pidió rápido el allanamiento al juez de Garantías, entonces así se pudo rescatar a la segunda de las víctimas, que había optado por una suerte de adaptación al contexto de explotación".

La Defensa, desde su tesitura, habló de "comercio sexual consentido". Sin embargo, la Justicia marplatense los halló culpables de formar una organización criminal para cometer ese tipo de ilícitos.

Los acusados habían engañado a dos mujeres paraguayas, a quienes captaron en la ciudad de Caaguazú, en ese país, bajo la promesa de trabajo para cuidar ancianos en Capital Federal.

Al llegar a la estación terminal de Retiro, las mujeres -de 22 y 28 años- fueron trasladadas en auto a Tandil, donde fueron sometidas a explotación sexual, obligadas a prostituirse.

El Juez Mario Alberto Portela, uno de los integrantes del Tribunal, señaló en su voto que no le sorprendió que "las defensas de los encausados insistieran con que el comercio sexual fue consentido", lo que calificó de "consecuencia de un pensamiento homocéntrico que da por sentado que hay mujeres que nacen putas y que en consecuencia esta situación es irrevocable”.

A su vez, el magistrado apuntó contra las autoridades políticas: “resulta difícil creer que los procesos de trata de personas puedan desarrollarse libremente en locales habilitados por el municipio, que son inspeccionados regularmente por sus funcionarios, sin que exista un nivel mínimo de complicidad” y agregó: "me consta que no hay trata sin corrupción policial”.