7 de enero de 2022
En diálogo con LA VOZ DE TANDIL, Curcio aclaró inicialmente
que, en el caso de la condena de la justicia civil por la muerte de un joven,
ocurrida en las cavas, hace algunos años, "en ningún momento la Municipalidad
fue condenada en esta causa. La familia del joven víctima actuó contra la empresa
titular de las cavas, a la que el Dr. Zárate condena a pagar una indemnización,
pero solo a la empresa, que a su vez apeló la sentencia y la Cámara confirmó la
sanción, pero en ningún momento condena a la Municipalidad".
"En 2016, el Juez decide un mandato preventivo, de modo de
tratar de evitar que vuelva a ocurrir, porque recordemos que son 56 hectáreas,
que el Municipio se siente con la empresa e implemente una serie de medidas, siempre
a cargo del titular, y eso se hizo y la presentación fue homologada por el Dr.
Zárate, con cerramientos perimetrales, la colocación de más cartelería advirtiendo
el peligro y que es una propiedad privada, la realización de movimientos de suelo
y terraplenes. Todo eso está en ejecución y el Municipio anualmente intima a la
empresa para ver cómo se han desarrollado las obras", relató el abogado.
También recordó que "el año pasado, a instancias de la Defensoría
del Pueblo, aunque luego fue desestimada, se amplía el mandato preventivo y el
Juez ordena que el Municipio evalúe la posibilidad de enviar personal a custodiar
las cavas, genere campañas de prevención y procure dar prioridad a los llamados
al 101 que surgieran de las inmediaciones de las cavas. Esa medida fue apelada por
el Municipio y la Cámara de Apelaciones le da la razón a la Municipalidad, que debía,
en el marco de sus posibilidades, realizar acciones de difusión y prevención,
pero no así los llamados al 101, que debían ser redirigidos a la jurisdicción pertinente,
a la Provincia de Buenos Aires. Y que enviar personal al lugar, no es
competencia del Municipio, que con informar que no corresponde ingresar a ese
lugar, es suficiente. Ese es el estado de situación, hoy".
Curcio señaló además que "es necesario que la gente tome
conciencia que las cavas no son un lugar de recreación, o apto para eso. Que no
solo es un ilícito ingresar a un predio privado, sino que uno expone a su familia
a un riesgo muy importante".
Sobre las voces que insisten en que una solución a la
problemática sería expropiar el predio, para desarrollar un balneario público, el
funcionario enfatizó que "no se está evaluando esta posibilidad. Se dejó
entrever que era una solución, pero entiendo que no es así. Pensemos que son 56
hectáreas, que son millones de dólares que valdría eso, que habría que pagarlo con
fondos públicos. Y allí no se agota el problema, porque después hay que hacer
obras millonarias en dólares, para intentar hacerlo viable como un balneario, y
mientras tanto, tratar de que la gente siga sin ingresar. Hoy es totalmente inviable
e imposible de plantearse siquiera imaginariamente".
Además, apuntó a la campaña de difusión que la comuna inició
en redes sociales desde hace algunos días, tratando de disuadir al público para
que no acuda a las cavas, en insistió en que "se intenta que la gente comprenda
que esto es un peligro, que no debemos lamentar otra muerte más".
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