Mundo. ANSES desmiente que entorpezcan labor de asesores letrados como denunció la Asociación de Abogados

ANSES emitió un comunicado donde sostiene que: “frente a la nota presentada por el presidente de la Asociación de Abogados de Tandil al Sr. Jefe Regional de ANSES en fecha 23 de febrero de 2017, en la cual se denuncian afectaciones a la labor profesional de los señores abogados que llevan a cabo trámites en la UDAI de Tandil, se señala lo siguiente:
(I) No son ciertas las afirmaciones allí vertidas. En ningún caso la administración ha entorpecido la labor profesional de los señores letrados, que merece —y así se practica— la más alta estima y respeto por parte de las autoridades de ANSES y de todo el equipo de trabajo de la UDAI.
(II) Días atrás y luego de que personal de la UDAI recibiera desde hace meses, sucesivas quejas y denuncias de damnificados —de las cuales existe debida constancia escrita— acerca de abogados que reclaman sumas dinerarias a adultos mayores en concepto de aranceles profesionales que no fueron concertados o bien —según aducen los denunciantes— sin cumplimentar una adecuada información previa por parte de los profesionales, que asegure lo que se conoce como “consentimiento informado”; se ha adoptado una práctica informativa dirigida a garantizar los derechos previstos en el art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho… a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
(III) En tal sentido, se ha instruido que en ocasión que se presente una persona junto a su abogado para la suscripción del acuerdo del procedimiento general del programa de Reparación Histórica, se lleve a cabo el siguiente PROCEDIMIENTO INFORMATIVO:
1.- Indicar que dentro del edificio de la UDAI no se llevan a cabo firmas de acuerdos en soporte papel porque la normativa no prevé dicha hipótesis en el procedimiento general de Reparación Histórica pues el acuerdo en todos sus términos se suscribe con la huella del beneficiario y su abogado. Por tanto cualquier tipo de acuerdo en soporte papel es extraño a ANSES.
2.- Asimismo, para asegurar el derecho de información previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, deberá leerle —o hacerle leer— al beneficiario el siguiente pasaje del Considerando 15° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 894/2016, reglamentario de la Ley N° 27.260 de Reparación Histórica:
“…fin de evitar mayores gastos para los jubilados, corresponde que la ANSES se haga cargo de los honorarios de los abogados de aquellos, que comprende TODOS LOS TRABAJOS profesionales necesarios para participar del programa, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del acuerdo” (cita textual).
Posteriormente, de considerarlo necesario agregará lo siguiente:
“Esto significa que en el Programa de Reparación Histórica, la ANSES paga los honorarios de su abogado en un monto fijo estipulado por el organismo, que comprende todos los trabajos profesionales necesarios para participar del programa, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del acuerdo. La ANSES informa esta situación para garantizar a las personas el pleno conocimiento de sus derechos, en particular, lo previsto por el decreto del Presidente de la Nación por el cual se pretende que el beneficiario no tenga gasto alguno por ingresar al programa de Reparación Histórica”.

LA NOTA DE LOS ABOGADOS QUE MOTIVO LA RESPUESTA DEL FUNCIONARIO
La nota lleva la firma del presidente de la Asociación de Abogados, doctor Gastón Argeri y está dirigida a Pereyra Iraola
Le piden que “se arbitren los medios pertinentes para hacer cesar el hostigamiento, persecución y malestar para con los abogados que se genera en la UDAI Tandil, a cargo del Dr. Cristian Salvi, quien se desempeña como Jefe de la misma, bajo su coordinación y dependencia, en forma inmediata y en carácter de urgente”.

Argeri manifiesta sobre “denuncias realizadas por numerosos asociados a la entidad y otros supuestos, constatadas por el suscripto en forma personal y con material fílmico que se nos hiciera llegar oportunamente, mediante el que se comprueba el accionar hostil, confrontativo, despectivo y violatorio del decoro que impone al trato que debe brindarse a los abogados en el ejercicio de su función”.
Argumentan que los problemas “se remontan al mismo instante de la asunción del Dr. Salvi, como jefe de la UDAI Tandil, acrecentándose desafortunadamente los mismos, con el transcurso del tiempo hasta la actualidad, en que su accionar al frente de la UDAI Tandil; y en particular, para con los abogados que integran ésta asociación y se desempeñan en el fuero previsional desde largos años a la fecha, tornándose insostenible”. Añaden desde la Asociación de Abogados que “hemos podido constatar que a pesar de las oportunas sugerencias y recomendaciones brindadas por parte de miembros de la comisión directiva de ésta asociación al Dr. Salvi, en forma personal y directa sobre sus extralimitaciones, con el objeto de evitar arribar al actual estado de situación, no se ha logrado otro resultado más que el recrudecimiento intempestivo y sin motivo aparente, de confrontación, a todas luces inaceptable y que por supuesto rechazamos desde todo punto de vista”.
Sostienen que Salvi “ha menospreciado la profesión del abogado, en relación al Programa de Reparación Histórica, vertiendo manifestaciones tales como ?lo único que tienen que hacer es poner la huella digital? no tienen que asesorar nada porque es un contrato de adhesión?, entre otras desafortunadas expresiones”.
“El punto cumbre ocurrió el 10 de febrero de 2017 y hasta la actualidad, en que el Dr. Salvi, bajo un pretendido derecho de información a los beneficiarios, ordena a su personal subalterno y en muchos casos él mismo toma la palabra e interroga al adulto mayor beneficiario del programa de reparación histórica, que concurre junto a su abogado elegido con antelación, al turno en la fecha y día asignados, de forma invasiva. Si el adulto mayor ratifica estar plenamente conforme con el abogado por él elegido originalmente, el Dr. Salvi en persona y/o su empleado subalterno, comienzan nuevamente con el mismo interrogatorio hasta que en general el letrado elegido por el beneficiario que se encuentra en una posición indignante escuchando semejante indebido e indecoroso accionar, no detenta otra alternativa más que reaccionar airadamente denunciando el atropello vejatorio para con la profesión jurídica, dejándose constancia que estos entredichos, a todas luces innecesarios, provocan situaciones de extremo estrés, no solo en el letrado actuante y personal de Anses que se ve involucrado por orden del Dr. Salvi, sino fundamentalmente el adulto mayor que se presencia toda esta discusión y es partícipe del interrogatorio; y que en más de una ocasión, ha sufrido un principio de descompensación y/o malestar general. No sería extraño pensar que en cualquier momento, de continuar el Dr. Salvi con tan imprudente actuar, uno de los adultos mayores sufra un episodio en su salud que a posteriori, la administración deberá responder en virtud de haber generado dicha situación”, indican los abogados y piden que cesen las hostilidades.
Añaden que “Desde la UDAI Tandil se direcciona a los adultos mayores a determinados estudios de abogados. Es más, se nos ha hecho saber incluso, por el propio Dr. Salvi en reunión mantenida en fecha 15/02/2017, con el suscripto, conjuntamente con el Secretario de la asociación, Dr. Lucas Sanz y el asociado Dr. Diego Blundo, que ha distribuido en determinados centros de jubilados de Tandil, un listado de abogados de la localidad de Olavarría, a fin de que éstos centros de jubilados direccionen a los adultos mayores a efectos que consulten con dichos profesionales. Esta situación no puede ni debe tolerarse”.
“Nuestra asociación detenta casi 60 años de historia, siempre hemos representado a la mayoría de los abogados de Tandil y lo seguimos haciendo. A lo largo de casi seis décadas, hemos atravesado situaciones conflictivas en el ejercicio de la profesión, pugnando con distintos funcionarios de diversos gobiernos, de todas las orientaciones políticas. En ningún momento, la intolerancia y el actuar indebido de un funcionario ha sido tal, que nos veamos en la dolorosa obligación de solicitar se arbitren los medios necesarios para cesar el actuar indebido denunciado”, señalaron desde la AAT.

Finalmente le informaron a Pereyra Iraola que “por el supuesto de no obtener en forma urgente una respuesta satisfactoria, nos veremos obligados a adoptar otras medidas, tales como acciones con otros sectores sociales, presentaciones ante el Colegio Departamental y provincial y/o judiciales”.