Nacionales. Apoyo de la Coalición Cívica a la ley de paisaje protegido

La senadora provincial María Isabel Gainza expresó su apoyo al denominado proyecto de ley de "paisaje protegido", que establece que los yacimientos mineros deben ubicarse a 20 kilómetros del casco urbano de ciudades como Olavarría y Tandil, y que debe ser el Estado quien establezca regulaciones que permitan que actividades como minería y turismo sean compatibles.

Como es sabido, el proyecto obtuvo media sanción del Senado provincial el año pasado y se estima que en las próximas semanas la cámara baja podría convertilo en ley. La normativa genera la resistencia del sector minero que asegura que su aplicación causaría perjuicios económicos y la pérdida de puestos de trabajo.

Gainza subrayó que a pesar de no encontrarse en funciones cuando la normativa fue aprobada, sabe que "se puso especial cuidado en el resguardo de las fuentes laborales, y se han tomado todos los recaudos del caso. En Tandil, la opinión generalizada es que las explotaciones mineras se acercan cada vez más a la ciudad y eso afecta no sólo al medio ambiente sino también a la calidad de vida. El perfil turístico que ha adoptado esta ciudad hace que algunos operadores opinen que este tipo de explotaciones afecta a cientos de puestos de trabajo que dependen del turismo, mientras que por el lado de la minería serían perjudicadas unas 60 fuentes de trabajo, que ya están aseguradas".

La legisladora por Coalición Cívica consideró que el Estado debe controlar la actividad para evitar nocivas consecuencias sobre el medio ambiente. "Muchas empresas que han explotado la tierra, han dejado pozos enormes y se han olvidado de lo que establece la legislación respecto de la forestación necesaria y otras compensaciones por esa misma explotación. Cuando uno se excede, es lógico que esas cosas se reprochen", argumentó la senadora de la 7° sección.

Asimismo, Gainza alertó sobre la concentración que existe en el sector minero. "También creo que es cierto lo que dicen las pymes mineras, que las grandes empresas se han quedado con todos los terrenos donde hay yacimientos de piedra caliza, y me parece que una solución a este problema lo podría aportar la mediación del Estado para interceder ante las cementeras para que fraccionen y vendan alguna franja de terreno", concluyó.