27 de octubre de 2023
El aumento fue informado a través de una comunicación de la
Dirección General de Escuelas de la Provincia. Fue luego de que AIEPBA
solicitara a las autoridades educativas una actualización teniendo en cuenta
que desde el año pasado se ha registrado un "desequilibrio" entre el
aumento de los salarios docentes y las tarifas de los colegios privados de un
66% de diferencia nominal.
Incluso destacan que el aumento de aranceles fue inferior al
IPC, con una diferencia de un 40%.
Según las estimaciones que hizo la entidad que agrupa a más
de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, entre
diciembre de 2021 y octubre de 2023; la inflación fue del 311 %; los incrementos
salariales que se dieron en paritarias acumuló 364% y los aranceles subieron
268%.
El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de
un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa
realizada por el gobierno bonaerense del 9% (14% para dos meses con inflación
más alta).
"Otra vez esta autorización para una mejora en los
aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y
los salariales en particular, que deben afrontar las escuelas", dijo el
secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.
"Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden
cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que
presentan severas dificultades para funcionar. En menos de dos años la
capacidad operativa económica, de los centros educativos de gestión privada,
perdieron 43% en relación con la inflación de ese período", explicó
Zurita.
AIEPBA viene manifestando la crítica situación que atraviesa
el sistema de enseñanza de gestión privada por estas distorsiones que se han
acumulado en los últimos años. Las entidades arrastran una compleja situación
desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores
tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando.
La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios
privados, reclamó en una carta a la Dirección General de Escuelas que "los
topes arancelarios se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio
educativo en los institutos". Además, sostuvo en la misiva que "dada
la inflación y las variaciones económicas, consideramos crucial la
implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. Esto
permitiría ajustarlos de manera automática, en respuesta a los incrementos de
los salarios docentes. De esta manera se asegura la estabilidad financiera de
nuestras instituciones".
Advirtió sobre la situación difícil de por lo menos 30
colegios que están en riesgo de cerrar y suspender la prestación de los
servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos.
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