Locales. Asambleístas se suman a la polémica por el control de las mineras

La Asamblea Ciudadana por la preservación de las sierras emitió un comunicado luego que se conociera el fallo judicial que otorga el poder de control a la provincia, donde indica que “a toda actividad le caben las leyes generales y las específicas. Nadie por pertenecer a algún sector en particular está eximido, por ejemplo, de cumplir con la Constitución Nacional y Provincial, con las leyes del ambiente, las normas de ordenamiento territorial o las ordenanzas. Las empresas mineras reclaman que solamente se aplique la ley sectorial establecida durante el gobierno menemista. Pero el marco que no quieren reconocer también existe”.
“La ley que defienden con tanto ahínco (aunque ni siquiera la cumplen en todos sus aspectos) le da el poder de policía sobre la actividad minera a la provincia. Pero los dueños de las canteras son ciudadanos como cualquier otro. Las empresas mineras tienen responsabilidades como cualquier empresa. Toda actividad localizada en el territorio esta sujeta al ordenamiento. O sea la ley que invocan las canteras se suma a las demás, no las excluye”, destacaron más adelante.
Señalaron que “la provincia tiene una función a realizar y el Municipio tiene una función a realizar, por ejemplo hacer cumplir la 4133/87, que prohíbe la explotación por encima del tercio inferior del cerro”.
Más adelante se preguntaron “¿por qué será que las canteras reclaman que las controle la provincia?”.
“Una y otra vez las autoridades provinciales han beneficiado los intereses de las empresas canteriles. Más allá de las declaraciones de los funcionarios cuando pasan por Tandil, a la hora de los hechos priorizan claramente los intereses de las 8 empresas mineras en actividad. No han hecho lo mismo con ninguna otra actividad productiva, aunque generen más valor agregado y más trabajo sin destruir y paguen los impuestos.
En democracia no hay nada superior a la voluntad del pueblo y quienes circunstancialmente gobiernan no pueden desconocer que Tandil quiere preservar las Sierras. Toda impunidad termina y los privilegios al sector canteril son ofensivos e intolerables. Sería bueno que las autoridades tuvieran la sensatez darse cuenta”, afirmaron desde la Asamblea.

CONTROLES
En otro orden sostuvieron que se debe “exigir el cumplimiento de informes de actualización de impacto ambiental cada dos años. Sin estos no podrían tener autorización para usar explosivos. Si a julio de 2007 tendrían que haber 3 o 4 informes y sólo había uno ¿Cómo obtuvieron los explosivos algunas canteras? ¿Quiénes son los responsables?”.
También se refirieron al control de planes de mitigación “en el 2000 presentaron maquetas con diseños paisajísticos y lo único que hay a ocho años es gigantescos agujeros. Es emblemático el caso de Transpetro, propiedad de Rodolfo Guerra que cerró dejando un enorme y múltiple pasivo: un daño irreversible y una deuda que según consta en la página oficial del municipio trepa a los $581.656,69. El mismo Guerra abrió otra cantera, Cerros Dómicos. ¿Hará lo mismo? Estos son los interlocutores privilegiados en la mesa de diálogo provincial que excluye a otras voces de Tandil”.