9 de marzo de 2009
La letra de la ley abordaría la cuestión de los sueldos de los bibliotecarios, las cargas sociales y el asesoramiento de profesionales de la contabilidad que a la fecha resultan problemas difíciles de superar en el actual esquema de bibliotecas populares.
El fin de semana, en la sala de lectura de la Biblioteca del Barrio San Juan, representantes de la mayoría de las bibliotecas populares que funcionan en la ciudad se reunieron con el legislador tandilense para dar cuenta del inconveniente. Auza ya había intervenido una vez para salvar la cuestión coyuntural de este problema que sin duda es estructural en este tipo de instituciones. Ahora, el desafío será elaborar un proyecto de ley que brinde una solución firme y a largo plazo.
Es que las bibliotecas populares, en su totalidad administradas y conducidas por voluntarios que restan tiempo a sus ocupaciones particulares para entregarlas al bien público, deben afrontar la tarea de contratar personal especializado (bibliotecarios) lo que implica abonar los salarios correspondientes y liquidar el conjunto de cargas sociales. Esta situación obliga a la contratación de profesionales contables (o solicitudes de favores) y a la tarea titánica de contar con los fondos para sueldos en tiempo y fecha. Como si fuera poco: la indefensión ante cualquier problema laboral y la exposición directa de los voluntarios integrantes de las comisiones directivas.
Actualmente, existe un proyecto de ley en la Provincia para reorganizar el sistema de bibliotecas bonaerense, pero la magnitud del mismo lleva a pensar que difícilmente sea aplicable en lo inmediato. Por ello, los dirigentes locales le pidieron al senador la elaboración de una ley que resguarde y fortaleza el funcionamiento de las biblioteca populares en conjunto.
Auza se comprometió a redactar un borrador que será, luego, discutido y analizado por dirigentes de bibliotecas populares antes de ser presentado en el ámbito de la Legislatura, donde deberá seguir los carriles naturales de toda legislación.
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