Locales. Avanza negociación con un grupo de ocupas del Plan Federal de Movediza

En diálogo con Multimedios LA VOZ, el defensor oficial, doctor Carlos Kolbl indicó que están en plena etapa de negociación y un grupo firmaría un acuerdo para que la comuna otorgue materiales para construir una pieza y baño, en terrenos de familiares.
Al referirse al caso, Kolbl indicó que “se produjo una denuncia por la empresa constructora que tiene a cargo la obra, la municipalidad que administra los planes de vivienda. Tomó intervención en la causa y lleva adelante los intereses de aquellos que son los adjudicatarios originales de las viviendas”.
Agregó que “la causa está en pleno trámite, la fiscalía notificó a todos los que están ocupando viviendas del artículo 60 del CPP, esto es notificarlos que la causa está abierta, que se inició una investigación en contra de ellos. Posteriormente se pidió al Juzgado de Garantías que se ordene el desalojo de los ocupantes de la casa”.
“El procedimiento normal es que el fiscal pide la medida del desalojo compulsivo; el juez intima a los ocupantes, en este caso intimó por un plazo de 30 días para que desocupen las viviendas bajo apercibimiento de producirse el desalojo compulsivo, esto es por medio de la fuerza pública vaciar las casas, sacar a los ocupantes”, agregó el defensor oficial.
Aseveró que “este margen de treinta días de plazo que da el Juzgado de Garantías nos permitió generar con la Municipalidad, algunas gestiones, algunas negociaciones para ver si se puede evitar ese desalojo compulsivo, ofreciéndoles una alternativa menos traumática, menos gravosa para los ocupantes”.
Aseguró más adelante que “el municipio ofreció para aquellos que tienen familiares que posean un terreno, por ejemplo, que tengan una casa, donde se pueda ampliar esa vivienda, los materiales necesarios para la construcción de un dormitorio y un baño. Tendrán que abastecer la mano de obra los mismos ocupantes de las viviendas, pero les proveen el material. Y para aquellos que no tengan estas condiciones les ofrecieron un alquiler temporario que abarcaría los gastos iniciales de contratación de una vivienda y el pago de los alquileres por un lapso que se determina en cada caso los primeros meses el 100% y luego a negociar que parte le podrían seguir pagando el municipio hasta el plazo más o menos de un año, para de esa manera poder producir el desalojo”.
Destacó que “en este contexto hay algunas familias, algunas personas que ocuparon que estarían resolviendo la situación, porque algunos familiares tienen una vivienda con un terreno que les permite esta ampliación. Estas son negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos días y se están gestionando esos acuerdos individuales, puntualmente. Con el resto de la gente se sigue negociando tratando de llegar a algún tipo de arreglo”.
“El gran problema que hay aquí, es que desde el punto de vista técnico, estrictamente desde el punto de vista del Derecho Penal se está cometiendo un delito. El delito es el tipificado en el artículo 181 del CP, que es usurpación. Porque hay personas que figuran como preadjudicatarias de esas viviendas, personas que pasaron por un sistema de selección previo, que establece el municipio en este caso”, expresó Kolbl.
Sostuvo que “esta gente ve sus derechos afectados. No son casas que no tenían un destinatario, sino que efectivamente tenían nombre y apellido los beneficiarios de este plan. Se inicia la ejecución de esta conducta atípica, de esta conducta delictual el día que ingresan y cesa el día que las personas se van”.
“Mi rol como defensor es defender a estas personas a las que se les está imputando un delito. Hasta aquí podríamos decir que desde un punto de vista formal y los criterios adoptados por la Cámara ya que no fueron imputados, como no se les recibió declaración en carácter de imputados, la cámara tiene el criterio que hasta ese punto no hay imputación formal del delito y como la Fiscalía tampoco lo que están haciendo, lo puedo decir yo que no estoy comprometido con el rol del fiscal, lo que están haciendo es dar un margen de tiempo objetivamente. Yo como defensor oficial podría limitarme a actuar solamente en el supuesto de que se concrete esa imputación”, aseguró.
El defensor oficial expresó que “obviamente tenemos que tratar de evitar llegar a ese estadío procesal, por eso estamos haciendo todas las gestiones posibles. Contamos para eso también con predisposición del municipio”.


Reuniones
El defensor oficial, doctor Carlos Kolbl, dijo que “Hemos tenido reuniones en la Secretaría de Acción Social. Puntualmente hace unos días se promovió una reunión de las personas que están ocupando las viviendas en el marco de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad”.
“Yo pedí que se labre un acta. Se labra un acta con lo que se discutía en el lugar. Esta acta es importante agregarla en la causa para que los jueces vean que hay un ámbito de negociación que se están buscando salidas alternativas y luego tenemos que ver si se aceptan, si se admiten las propuestas o no se admiten”, refirió luego.
Reiteró que “el estado de la causa, hoy es este que describo, están las intimaciones concretadas y estamos en estas negociaciones para ver si se encuentra una solución consensuada al conflicto.
Respecto a los plazos legales, expresó que los plazos corren de manera individual. Se han notificado en el transcurso de estos últimos días. No se puntualmente que día fue notificado cada uno de los ocupantes, pero más o menos estamos hablando de unos 25 o 30 días más, para que se vencieran esos plazos”.
“Esto no quita que si hay negociaciones avanzadas con la municipalidad que está representando los intereses de los adjudicatarios lo consiente y estando avanzadas las negociaciones eventualmente, yo estaría habilitado para pedir una prórroga de ese plazo. No se si me lo dará el Juzgado de Garantías o prestará su conformidad el fiscal”, aseveró.