Opinión. Carrillo y la polémica por el transporte: "Más del 10% del salario de un trabajador se destina a viajes en colectivo"

"En enero de 2024, con la eliminación del Fondo Compensador por parte del gobierno de La Libertad Avanza y el aumento del impuesto a los combustibles, advertimos que se profundizaba el rol del Estado como interventor recaudador, mientras se desmantelaba su función como Estado benefactor. En un sector clave como el transporte público -que en todo el mundo es subsidiado para amortiguar costos y garantizar su funcionamiento, desde Estados Unidos hasta Japón, Alemania o Italia- se adoptó una política regresiva que anticipamos iba a generar una crisis cada vez más pronunciada", recordó el edil.

Y añadió que "en ese momento, también solicitamos un estudio económico por línea, para identificar con precisión dónde estaban los problemas estructurales del sistema de colectivos. Nunca fue respondido".

Carrillo destacó que "hoy, esa crisis es evidente. Los usuarios enfrentan por primera vez dificultades reales para pagar el boleto. En muchos casos, más del 10% del salario mensual de un trabajador se destina exclusivamente a viajes en colectivo. Mientras tanto, el servicio no mejora: no se construyeron garitas, los colectivos no tienen GPS, no existe una línea de denuncias efectiva, ni estadísticas de satisfacción de los usuarios".

Y añadió lo que consideró, "un dato clave", que es que "en febrero de 2024 el pasaje de colectivo costaba $291. Hoy cuesta $1.333. Este aumento brutal no es casual, es consecuencia directa de la política de ajuste del gobierno de Milei, mientras los salarios y las jubilaciones están destrozados".

"Frente a esta política destructiva del Estado nacional, advertimos la necesidad de un Estado local con mayor mirada estratégica. Pero el municipio no estuvo a la altura. Se negó a establecer un verdadero diálogo que buscara amortiguar el costo del servicio. Y mientras tenemos el costo de estacionamiento más alto de la provincia de Buenos Aires, no se implementaron políticas concretas que mejoren el sistema de transporte público.

Y como si todo esto no fuera suficiente, sucedió algo paradigmático y lamentable: la Cámara de Transporte decidió unilateralmente suspender el servicio. El municipio de Tandil, autoridad de aplicación del convenio y del pliego, guardó silencio, permitiendo una ilegalidad que puso en vilo a los usuarios y generó un sistema de extorsión inédito e indefendible", apuntó.

Y en ese aspecto, sostuvo que "si el municipio avaló esta medida, debería explicar públicamente por qué lo hizo. Si no la avaló, es una vergüenza aún mayor que haya sucedido sin ninguna reacción. El silencio municipal es preocupante y vergonzoso".