28 de marzo de 2012
BUENOS AIRES.- La Justicia comenzará a revisar las computadoras de Alejandro Vanderbroele, el monotributista que se hizo cargo de la quebrada Ciccone Calcográfica, y de su ex mujer, Laura Muñoz, que lo sindicó como un "testaferro" del vicepresidente Amado Boudou.
Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que el juez federal Daniel Rafecas se encuentra seleccionando la información que se encuentra en esas computadoras para enviarla al cuerpo de peritos de la Corte Suprema para ser analizada.
Es que no todos los elementos que surjan de esos equipos pueden ser peritados porque algunos pertenecen a la privacidad de los involucrados y no tienen relación con la causa, señalaron las fuentes a esta agencia.
Así, el juez Rafecas tiene en su despacho el expediente, pese a que la instrucción fue delegada en el fiscal Carlos Rívolo, para seleccionar el material a peritar.
Se trata de los equipos informáticos que se secuestraron en los allanamientos realizados el pasado viernes 16 en las oficinas de The Old Fund SA -la empresa que controla la ex Ciccone Calcográfica-, en la casa de su director, Vandenbroele, y en la vivienda de Muñoz, la ex esposa de éste y principal denunciante en la causa.
En la causa que lleva adelante Rívolo también se realizó un procedimiento en las oficinas del Ministerio de Economía, para verificar si hubo dictámenes previos del entonces titular de la Palacio de Hacienda recomendando el levantamiento de una quiebra, como sucedió con la empresa Ciccone.
Y otro allanamiento realizado el viernes pasado, 23 de marzo, en la planta de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la nueva ex Ciccone, también se secuestró información para esclarecer cómo esta empresa hizo para recolectar el dinero y saldar deudas con los acreedores de la quebrada imprenta.
La Justicia investiga al vicepresidente Boudou por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. También estudia el papel que cumplieron un amigo de la infancia de Boudou, José María Núñez Carmona, y Vanderbroele, para saber si incurrieron en el delito de lavado de dinero.
Puntualmente, la causa intenta establecer si el vicepresidente se interesó especialmente en el levantamiento de la quiebra de la imprenta, que había sido solicitada por medio centenar de acreedores, entre ellos la AFIP.
El levantamiento de la quiebra se consiguió a mediados de 2010 en un trámite express y luego de que la AFIP -tras una consulta al Ministerio de Economía- fijara un plan de pagos de la deuda fiscal en condiciones supuestamente ventajosas.
La reabierta empresa Ciccone se encargó de la confección de las boletas del Frente para la Victoria en la campaña presidencial del año pasado, y se preparaba para la impresión de billetes de cien pesos, en un negocio de unos 50 millones de dólares.
Ese proyecto se interrumpió por la difusión periodística de este caso en febrero pasado, con la denuncia de la ex mujer de Vanderbroele, pero en las últimas horas la propia titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, indicó que podrían usar la planta de la nueva Ciccone para la producción de billetes, ante la imposibilidad de que la Casa de Moneda lleve adelante todo el operativo.
Randazzo cree en Boudou
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, expresó ayer su confianza en la "buena fe y honestidad" del vicepresidente Amado Boudou, investigado por su presunta intervención a favor de la ex Ciccone Calcográfica, aunque afirmó que "uno no pone las manos en el fuego por nadie y tiene que ser respetuoso del proceso judicial en marcha".
Al atribuir las denuncias contra Boudou a una "operación" destinada a "debilitar al Gobierno", Randazzo rechazó terminantemente las versiones que lo señalaron como uno de quienes habría filtrado datos para perjudicar al vicepresidente.
"Sería estúpido por parte de un dirigente como el caso mío, que tengo 30 años de militancia, hacer cualquier cosa de este tipo", advirtió.
Consultado por radio La Red sobre el caso que salpica a Boudou, el funcionario respondió: "Creo en la buena fe y en la honestidad de mis compañeros", pero ante una pregunta sobre los límites de esa confianza, Randazzo resaltó: "Uno no puede poner las manos en el fuego por nadie. Me parece que uno tiene que ser respetuoso en este caso del proceso judicial que está en marcha".
"Pero convencido de que esto es parte de otra de las tantas operaciones", reiteró, conducentes a "perjudicar al Gobierno".
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