Nacionales. Chile ratifica molestia con Argentina por Apablaza

"Molestia" es la palabra que definieron hoy desde ambos lados de la Cordillera, a las relaciones entre Argentina y Chile, tras la negativa de la Casa Rosada a extraditar al ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra y que llevó a La Moneda a plantear la postergación de las reuniones interministeriales previstas para noviembre entre ambos países "en forma de protesta".

Mientras el canciller argentino, Héctor Timerman, aceptó que la decisión del Ejecutivo "ha molestado" al gobierno trasandino pero sostuvo que las relaciones con el vecino país "están mejor de lo que se deja traslucir en la prensa", desde el otro lado de la Cordillera se ratificó la existencia de "cierta molestia" por la situación generada.

Así lo confirmó la ministra vocera del Ejecutivo de Chile, Ena von Baer, quien explicó de manera oficial que "no se podían realizar en este momento las reuniones bilaterales, que son varias porque existe una cierta molestia en Chile respecto a la decisión tomada por las autoridades (argentinas)".

Por otra parte, la oposición de la Cámara Baja local presentó ayer un proyecto de declaración en el que expresa su "plena confianza en el Estado de Derecho" en el país transandino, a través de una demostración de "desagravio" a Chile por la determinación del gobierno de Cristina Fernández.

También anunció la presentación de otro proyecto pero de resolución en el que se propone convocar ante la comisión de Relaciones Exteriores del Cuerpo a los integrantes de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que aconsejó al Ejecutivo conceder el asilo político a Apablaza Guerra.

Fue en una conferencia de prensa ofrecida ayer por los diputados Ricardo Gil Lavedra y Pedro Tunessi (UCR); Patricia Bullrich (CC); Paula Bertol (PRO); Marcelo López Arias (Bloque Peronista) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal).

En tanto, la comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados del vecino país enviará, en las próximas horas, una "formal nota de protesta" a la Cámara Baja de la Argentina, según confirmó el titular de esa comisión, el diputado del Partido Comunista de Chile Hugo Gutiérrez Gálvez, el único de los legisladores de ese cuerpo que votó ayer en contra de la iniciativa.

Como parte de la embestida opositora, el radical Gil Lavedra señaló que el Poder Ejecutivo "ha subvertido los principios regionales que rigen en el asilo político", al rechazar el pedido del gobierno de Sebastián Piñera para juzgar a Apablaza en su país, y apuntó que la extradición "es un proceso que termina con una decisión política que se puede revertir".

A su turno, Ferrari indicó que "no sólo confiamos en el estado de derecho chileno sino también en la justicia argentina", que en el caso de la Corte Suprema entendió que el hecho que se le imputa a Apablaza no se debe considerar un delito político; y exigió "una actitud coherente al gobierno porque en determinadas cuestiones que son muy claras como en los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel" reclamó la extradición de ex funcionarios de Irán imputados en las causas.

Patricia Bullrich, en tanto, juzgó como "pésima" la decisión de no otorgar la extradición del ex comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y remarcó que la decisión "de la CONARE (Comisión Nacional Para Refugiados), formada por miembros de ministerios del Poder Ejecutivo, ha generado una ruptura de la necesaria colaboración entre las democracias".

Consideró que hubo "un exceso" de parte de la CONARE y, además de respaldar la convocatoria a sus miembros a la comisión de Relaciones Exteriores, que preside Alfredo Atanasof (Peronismo Federal), reiteró el pedido para que también concurran los ministros Héctor Timerman y Florencio Randazzo, para explicar la decisión que adopte la Casa Rosada.

Por último, Paula Bertol dijo que el PRO acompaña ambos proyectos "como un desagravio a la hermana República de Chile" y no dudó que es "una ofensa permitir el asilo de Apablaza", mientras que López Arias, calificó de "irracional e injustificado" que el Poder Ejecutivo ponga en riesgo la relación con Santiago por un caso que "hasta la Corte dijo que no se trata de un delito político".