17 de diciembre de 2009
Tras la embestida de la Comisión de Toma y Posesión, que representa a 106 familias ocupantes de casas y terrenos en La Movediza, el Ejecutivo salió a contrarrestar las críticas, que atribuyó a "agitadores políticos", mientras aseveran que la "única mentira" le atañe a la Casa Rosada.
Los vecinos habían denunciado las 6 mentiras del intendente Miguel Lunghi, a quien exigieron que el municipio asuma los compromisos fijados en el contrato del Plan Federal II, y coloque fondos propios para la terminación de las viviendas.
Pero Mario Civalleri, secretario de Planificación y Obras Públicas, respondió ayer que "no discutiré tecnicismos con los vecinos", mientras que diagnosticó la existencia de centenares de familias tandilenses sin techo propio, que no "utilizaron la fuerza" para conseguir su inmueble.
"La única mentira flagrante es que el Gobierno Nacional no cumplió con los pagos, en ningún caso, con el envío de los fondos, lo que paralizó la obra, dejó a personas en la calle y motivó esta decisión teñida de ilegalidad", definió sobre la toma en declaraciones al programa "Cada Mañana", de AM 1560.
El ingeniero aseguró que por afuera de las responsabilidades K, "lo demás es subsidiario. Sobre los supuestos atrasos, la comuna no puede ejecutar un barrio de 200 viviendas, con un costo de 15 millones de pesos, porque no tiene presupuesto".
"El convenio dice que en caso de que se produjeran excesos sobre el monto financiable debería el municipio cubrir la diferencia", replicó Civalleri sobre las competencias del Estado local.
El referente radical, siempre amparado en el argumento de la "discriminación" a comunas no pinguinas, señaló que hubo gestiones con el senador José Pampuro y otros legisladores del FPV, con vistas a lograr una solución.
"Una docena de jefes comunales llamaron a Lunghi para expresarle que viven la misma situación", manifestó el funcionario.
Además, calificó Civalleri como "pícaros" a los militantes kirchneristas que "agitan" el reclamo, "utilizando la necesidad de la gente en forma vergonzosa", armando "fábulas para organizar" la movilización de los vecinos, disparó.
"NO QUEREMOS VIOLENCIA NI REPRESION"
Tres cartas documento no contestadas, para el Gobierno local, implican casi una obligación a llegar a la instancia de juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento del envío de fondos.
"Nosotros hablamos con la gente y conocemos su situación, y no se condice con los comunicados que salen en los diarios. Están cargados de intencionalidad política y se montan en una necesidad cuando pertenecen al color político del Gobierno responsable del problema", ahondó el vocero lunghista.
Para Civalleri, "si uno no tomó una decisión legal es porque trata de no agravar el conflicto. Pero no me caben dudas que es irregular ocupar una vivienda. El intendente no quiere violencia ni represión: ante un grupo tan grande, veremos cuáles son los mecanismos", alegó.
Reiteró posteriormente que "en Tandil hay cientos de personas que tienen la misma necesidad y permanecen en actitud paciente, frente a un grupo que ejerce la fuerza para tomar un bien. Ambos tienen la necesidad", clarificó en torno a su postura.
El acceso a la vivienda -evaluó Civalleri- "es sumamente dificultoso acá y en el mundo, no es restrictivo de Tandil. Sí es cierto que la problemática de la vivienda dificicilmente pueda ser abordado por el Estado local", deslindó.
Allí el referente de Obras Públicas sacó a la palestra el debate sobre la distribución de los recursos que maneja la Nación. "Uno paga los impuestos que van al Gobierno Nacional para que se construyan viviendas, pero ese Gobierno se apodera del dinero que paga la gente de Tandil y no quiere hacer viviendas en Tandil", subrayó a tono con el discurso opositor a Cristina Fernández de Kirchner.
En este marco, prometió Civalleri "ir hasta las últimas consecuencias" para que la administración central "ponga en nuestro distrito la plata que los tandilenses pagan en impuestos. No podemos ser cersenados por una cuestión caprichosa", canalizó.
Por último, le dio la bienvenida a la posibilidad de que el concejal Néstor Auza (Frente para la Victoria) se involucre en las gestiones para destrabar los desembolsos correspondientes al Plan Federal II.
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