8 de septiembre de 2009
Por espacio de siete horas, aproximadamente, la comitiva local encabezada por el intendente Miguel Lunghi debatió con el ministro de Producción bonaerense Martín Ferré, el director de Minería Sebastián Pené y otros colaboradores, los alcances del proyecto de ley sobre el futuro minero en la ciudad.
Como se vino detallando en ediciones pasadas, la norma presentada por el senador Néstor Auza trajo aparejado serias disidencias por parte del Ejecutivo comunal, quien dejó en claro que la redacción de la propuesta auzista desvirtuó lo que oportunamente se había logrado convenir con el gobernador Daniel Scioli.
Especialmente, las discrepancias surgieron en torno a los plazos fijados para el cese de la actividad. Mientras que para el lunghismo se aludió a una redacción difusa convenientemente aggiornada a los intereses canteriles, desde Provincia -en la palabra del director Pené- se trataba de cuestiones de "forma" fácilmente solucionables.
Por lo que deparó la reunión de anoche, aquellas razones de forma no parecieron tales, a medir por las horas que demandó el encuentro. Se especulaba que durante las siete horas de conversaciones en las que todos los celulares de los protagonistas (de aquí y de allá) estaban herméticamente apagados, no era más que una consecuencia lógica de corregir los artículos por los cuales había desembocado en el cónclave.
En efecto, desde las 15 el intendente Miguel Lunghi, el jefe de Gabinete Carlos Fernández y el presidente del HCD, Juan Pablo Frolik, ingresaron al despacho del ministro Ferré para ahondar en las diferencias que desde éstas páginas se ventiló la semana que pasó.
Específicamente las posturas encontradas versaron sobre los artículos que consignan los plazos del cese de la actividad, las garantías fijadas para los obreros canteriles involucrados, como la posible radicación de nuevos emprendimientos mineros por fuera de la poligonal pero dentro del Partido.
Cabe consignar que el propio ministro en la charla telefónica con el jefe comunal el viernes se comprometió a reglamentar el proyecto en tiempo y forma, a lo que desde Tandil se respondió sobre la necesidad de una fecha concreta sobre el cese de la actividad, sin titubeos ni "artilugios" de redacción que encuentran en los respectivos artículos. Coloquialmente se le contestó que ni él ni el interlocutor estaban en condiciones de garantizar sus cargos en los próximos meses.
A minutos de la hora cero, el hermetismo de la comitiva tandilense como de las autoridades provinciales se mantuvo a rajatabla. Por lo que los colaboradores del intendente desde nuestra ciudad consideraban prudente aguardar el regreso del viaje para conocer qué grado de profundidad se habrían dado en los artículos por los cuales se va el futuro de la ciudad, en materia de industria minera como la preservación del cordón serrano, todo comprendido dentro de la poligonal.
Civilidad arremete contra el lunghismo
Bajo el título "el dilema de Lunghi: ¿las canteras o Auza?", la Asociación Civilidad que trabaja en consonancia con el senador y concejal elector Néstor Auza, salió a expresar su posición frente al tema canteril que colocó nuevamente el veterinario frente al lunghismo, en lo que resulta ya una folclórica disputa de poder vernáculo.
El texto enviado a esta Redacción por la Asociación indica que "los últimos acontecimientos en torno a la discusión por la Ley de Paisaje Protegido que presentó el senador Néstor Auza, en la Cámara Alta de la Provincia y, sobre todo, la reacción que ha generado en las principales autoridades municipales, lleva a preguntarse seriamente qué se pone en juego en este momento y qué interés políticos prevalecen por encima de los que se enarbolan públicamente a favor del medioambiente".
Asimismo, se acota que "la realidad indica que el problema de la explotación minera en el área denominada Poligonal lleva muchos años y acumula reiteradas quejas por parte de tandilenses que se han transformado en "vecinos" de los yacimientos canteriles. Ha sido indispensable encontrarle una solución en el ámbito provincial, en vista de que el Municipio no ha sabido llegar a un acuerdo con los empresarios o bien no ha asumido oportunamente las medidas de control necesarias y eficientes para armonizar la actividad productiva con el turismo y la vida cotidiana".
"Ahora bien -sigue la misiva-. La solución ha llegado de la mano de una Ley que propone la declaración de Paisaje Protegido; de un plazo para que se retiren la canteras del área; garantías para los trabajadores que se desempeñan en estas empresas y que, lejos de "habilitar" nuevas canteras, propone que la Provincia avance en el "estudio" de nuevas áreas de explotación, fuera del paisaje protegido, en línea con los estudios que ya había acordado el Municipio de Tandil, años atrás, con técnicos de Nación, con vistas a desarrollar un Polo Minero. Cabe remarca aquí que el actual intendente (discurso público dado en agosto de 2007) alentaba a un Polo Minero, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial ya estipulaba que no se habilitaría ninguna cantera más en el distrito".
Se preguntan a renglón seguido: "¿Satisfacción por la presentación de la ley, entonces, entre las autoridades del Gobierno comunal que reclamaban el cese de la explotación en la Poligonal? Claro que no. Los cuestionamientos se han dado siguiendo el viejo manual de la Política de corto alcance: si el proyecto pertenece a otro sector no es bueno. ¿Qué critican? Los tiempos, el responsable de pagar las indemnizaciones y los estudios de otras áreas de explotación. Todos estos temas, a las luces del tiempo que acumula el conflicto, las responsabilidades que caben para con los trabajadores y los antecedentes recientes de idas y vueltas en la posición oficial, parecen menores y meras excusas para dilatar la solución de fondo".
"Si los plazos se estipulan desde la promulgación de la ley o desde su reglamentación -se añade- no es un capricho, sino una secuencia "técnica": si la reglamentación no indica las limitaciones que se aplican al área protegida, difícilmente se podrían convalidar los proyectos de reconversión que se exige a las empresas. El segundo tema deja expuesta la dimensión del compromiso municipal para con la clase trabajadora: quiere una solución pero no desembolsar un solo peso para contener a las familias que queden sin trabajo. Finalmente, el estudio de nuevas áreas de explotación no es una innovación, sino la confirmación de lo que la Municipalidad de Tandil había pedido a técnicos de Nación, cuando el discurso de las actuales autoridades incluía la creación de un Polo Minero".
En vista de estas cuestiones, desde la Asociación deviene la pregunta por si "la reacción del Municipio no es una estrategia para no llegar a una solución de la mano de una ley que tiene la impronta del senador provincial Néstor Auza; si detrás de estos cuestionamientos no subsiste una herramienta del jefe de Gabinete Carlos Fernández para posicionarse políticamente en la Cámara Alta, donde asumirá en diciembre próximo y donde aspira a convertirse en presidente del bloque opositor; si detrás de su actitud no descansa la idea de rechazar todo proyecto que no sea de autoría radical. En cualquiera de estos casos, el costo social es altísimo".
Entienden que "se trataría, entonces, de una variante altamente riesgosa de la costumbre oficial de dedicarse a la superficie de los temas y no a sus cuestiones de fondo, a privilegiar los discursos mediáticos por sobre las acciones concretas y a cambiar de postura según viren los vientos de la llamada opinión pública, sin tener en cuenta los efectos colaterales que una decisión ligera e irresponsable puede implicar para la sociedad de Tandil, más allá de los plazos políticos que marcan las fechas electorales".
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