14 de diciembre de 2020
Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde el
debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del
embarazo con la exposición de dos ministros y una funcionaria que defendieron
la iniciativa del Gobierno nacional al entender que se busca "evitar muertes
evitables" ante un problema "de salud pública".
En su intervención ante los senadores, el ministro de
Salud, Ginés González García, calificó como "extraordinario" al
proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, aseguró que se tuvo en
cuenta "la experiencia mundial" y ratificó que la iniciativa "no
es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la
Argentina".
"Es un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad
materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres", remarcó.
"No es en contra de nadie, sino a favor de un grupo
social que está sufriendo en la Argentina", sostuvo en unabreve
intervención mediante videoconferencia, y detalló que "en una estimación
aproximada" se practican alrededor de "mil abortos por día en la
Argentina y cien internaciones en hospitales públicos" por prácticas que
terminan mal.
"Si bien ese número viene disminuyendo por todos los
programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue
pasando", reconoció.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma
Ibarra, explicó por su parte que la idea es "evitar las muertes
evitables" y encarar "una política de Estado" con educación
sexual integral.
Ibarra dijo que la penalización del aborto que rige hasta
la actualidad "no dio resultados" y reiteró que una educación sexual
integral "debe ser una política de Estado".
En el inicio del plenario, el senador del Frente de Todos
Dalmacio Mera formuló un planteo en contra del giro a comisiones dispuesto por
la Presidencia del cuerpo y reclamó incluir a la comisión de Asuntos
Constitucionales en el debate.
La propuesta generó intercambios de opiniones entre
senadores del oficialismo y de la oposición en torno a la decisión de la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea la Banca de la
Mujer, conducida por Norma Durango, la conductora del debate, junto a Justicia
y Asuntos Penales y Salud.
Mera, quien se manifestó en contra del aborto, consideró
que el giro "es equivocado y una forma simbólica de desresponsabilizar al
varón en una situación tan delicada", y señaló que la Banca de la Mujer
está integrada solo por mujeres, por lo que pidió que se revea el giro
dispuesto.
La propuesta de Mera fue rechazada incluso por la
presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles
Sacnún, pero fue acompañada por el presidente de la comisión de Salud, el
radical de Cambiemos Mario Fiad, quien condujo el debate en comisiones en 2018.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Durango, abrió a
las 14.05 el plenario que comenzó a analizar el expediente venido en revisión
de la Cámara baja, dijo que espera "un debate respetuoso con los
argumentos de una u otra posición" y pidió "aportar al diálogo y al
intercambio para un enriquecedor debate".
Durango adelantó que planea emitir dictamen el próximo
jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores entre mañana y el
miércoles, en jornadas que serán divididas entre las 10 y las 13 y las 15 y las
18 horas de cada día.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro
plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa:
Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas
esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.
El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de
haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis
abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado
en 2018.
Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del
Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
La iniciativa permite la interrupción voluntaria del
embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de
conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica
médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el
embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o
si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se
requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un
referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena
capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
Fuente: Telam
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