9 de marzo de 2017
Un tribunal de Corea del Sur inició hoy el "juicio del siglo" contra el
jefe del conglomerado de empresas multinacionales Samsung, Jay Y. Lee,
acusado de pagar sobornos a la presidenta del país a cambio de favores, en
medio un escándalo que sacude los cimientos económicos y políticos del país
asiático.
Lee está acusado de soborno, malversación de fondos y varios otros delitos
en un escándalo de corrupción con escasos antecedentes en el país, que
incluso llevó a un proceso de destitución contra la presidenta Park
Geun-hye, que mañana será ratificado o invalidado por el Tribunal
Constitucional del país.
La audiencia preparatoria de una hora celebrada hoy en el tribunal del
distrito central de Seúl no contó con la presencia de Lee, de 48 años,
quien es defendido por un equipo de 13 de los abogados más destacados de
Corea del Sur, todo ellos ex fiscales o ex jueces.
El coreano, que se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de
Seúl desde su arresto, el mes pasado, por ley no estaba obligado a
presentarse ante la Corte en esta audiencia preliminar, celebrada para
organizar las pruebas y fijar fechas para las declaraciones de los
testigos.
La semana que viene se decidirá la fecha de la próxima audiencia, informó
la agencia de noticias Reuters.
En la audiencia preliminar de hoy, la defensa de Lee negó todos los cargos
en su contra, alegando que la acusación del fiscal especial cita
conversaciones, pruebas o testigos que la fiscalía realmente no oyó,
investigó o entrevistó según la normativa o incluye opiniones que no son
hechos.
"No está claro qué clase de orden se supone que ha dado Lee Jae-yong", dijo
al tribunal el abogado defensor de Lee, Song Wu-cheol, usando el nombre
coreano de su cliente.
"La acusación no puede incluir declaraciones que puedan crear prejuicios en
el tribunal sobre el caso", dijo Song a los periodistas a su salida del
recinto. El grupo Samsung ha negado repetidamente haber cometido
irregularidades.
Entre las acusaciones contra Lee está dar sobornos a una empresa y
organizaciones vinculadas a una amiga de la presidenta Park, la "Rasputina"
Choi Soon-sil, la mujer en el centro del escándalo, para consolidar el
control de su imperio, que abarca desde teléfonos inteligentes a productos
biofarmacéuticos.
Los pagos -de acuerdo a la fiscalía- se realizaron a cambio de que el fondo
público de pensiones autorizara en el año 2015 una fusión de dos filiales
de Samsung (una de las cuales estaba participada por el mencionado fondo)
que refuerza el control del clan Lee sobre este grupo, pilar básico de la
economía surcoreana.
Lee tomó en 2014 las riendas del mayor grupo empresarial surcoreano, que
aporta la quinta parte del PBI nacional después de que su padre, Lee
Kun-hee, sufrió un infarto que lo dejó incapacitado.
La sentencia está prevista para fines de mayo, de acuerdo a la agenda
organizada durante la audiencia.
En la orilla norte del río Han, cerca de los juzgados del Distrito Central
de Seúl donde se celebraba la audiencia, miles de efectivos policiales
fueron desplegados en torno a la Avenida Sejong, el lugar donde durante
meses se han celebrado decenas de manifestaciones a favor y en contra de
Park por su rol en el escándalo "Rasputina" que sacude al país.
Según la información oficial, 8.400 efectivos y 360 vehículos policiales
fueron desplegados con intención de calmar los ánimos entre los
manifestantes de ambas facciones, que tenían previsto marchar a lo largo
del kilómetro que aproximadamente separa Sejong del Tribunal Constitucional
cuando la corte se pronuncie mañana sobre el futuro del país.
Si el Tribunal ratifica la destitución de Park, ya aprobada por la Asamblea
Nacional, el Parlamento, en diciembre pasado, la presidenta sería despojada
de su inmunidad, lo que obligaría a convocar elecciones presidenciales en
un plazo inferior a 60 días.
También sería la primera vez que Corea del Sur destituye a un jefe de
Estado y adelanta los comicios presidenciales desde que el país volvió a
celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas
militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la
actual presidenta).
La fiscalía considera que Park y su amiga Choi, de 60 años y encarcelada
desde noviembre, se confabularon para presionar a Samsung y a otros grandes
conglomerados empresariales surcoreanos para que realizaran donaciones a
organizaciones vinculadas a la "Rasputina" a cambio de un trato favorable
de las autoridades.
Las conclusiones del Ministerio público que ha investigado el caso señalan
a la presidenta como sospechosa de los delitos de soborno, tráfico de
influencias y abuso de poder.
El escándalo indignó a gran parte de la sociedad surcoreana que desde
finales del año pasado se viene manifestando de manera multitudinaria para
pedir la renuncia de Park y cuestionar el modelo económico nacional,
salpicado por la corrupción y coronado por los "chaebol", los gigantescos
conglomerados cuya gestión es hereditaria, como en el caso de Samsung.
Los "chaebol", corporaciones empresariales creadas en los años 60 y 70 por
familias cercanas al poder, constituyen negocios que van desde la
electrónica y la telefonía hasta la automoción y la industria naviera,
entre ellas destacan Samsung, Hyundai, Daewoo y LG.
Todos estos "chaebol" estuvieron involucrados en casos de corrupción.
Lee Kun-hee, "patriarca" de Samsung, fue condenado por soborno y evasión
fiscal dos veces, mientras el presidente de Hyundai, Chung Mong-koo, fue
condenado a tres años de prisión por desfalco y el de Daewoo, Kim
Woo-chong, a 10 por estafa.
Todos fueron beneficiarios de amnistías presidenciales: en 2007, el
gobierno perdonó a 430 condenados por corrupción, entre ellos 160 grandes
empresarios y 223 políticos, para reactivar la economía y crear empleo.
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