Locales. Comienzan a correr las horas en torno al prometido encuentro entre las partes

“A mí me votaron para que resuelva los problemas y me ponga a disposición de los intendentes, cuidando el patrimonio natural y arquitectónico, y en lo particular de Tandil, una ciudad que resurge con toda su fuerza a partir de un sector como el turismo y su naturaleza extraordinaria. Si cada vez que hay una explosión, utilizan una cantidad de kilos (de explosivos) que genera trastornos y juicios, esto hay que frenarlo de alguna manera. Pero siempre hay que agotar antes las instancias de diálogo”.
Las contundentes declaraciones le corresponden al gobernador Daniel Scioli en su última visita a Tandil, una vez culminada la reunión con el jefe comunal, Miguel Lunghi.
Semejantes afirmaciones no hizo más que despabilar los aletargados ánimos de sectores varios que pugnan por décadas sobre un conflicto que no había encontrado hasta la fecha un compromiso de quien, a ciencia cierta, tiene el poder para tratar de resolverlo: la Provincia.
Es que desde aquel polémico decreto del jefe comunal, en vísperas de las elecciones, las críticas relaciones tendientes a encontrar un camino de solución al conflicto habían quedado presas de los designios de semejante decisión: la judicialización del asunto.
Con sus razones a cuestas, todo fue quedando en manos de jueces varios que, a prima facie, habían ratificado el poder de contralor que cuenta el municipio para la regulación de las explotación canteril. Empero, en medio de la feria judicial, poco y nada se avanzó, en tanto se aguardó que políticamente arribara el mismísimo Gobernador –quien ya había anticipado su preocupación por el asunto- y dejara sentada su postura que, en los hechos, resultó mucho más arriesgada de lo que se esperaba, incluso para la propia administración lunghista.
Scioli dijo sin titubear que no resultaban compatibles las canteras dentro de una ciudad turística como la nuestra. “Quiero cuidar a Tandil, su gente, los vecinos y el desarrollo productivo”, sentenció en aquella oportunidad, ante el asombro de propios y extraños.
De aquellas declaraciones, se alcanzó a anunciar que para fin de el mes en curso se proporcionaría una mesa de debate y diálogo entre las partes que permitan avanzar en una salida.
A priori, dicha instancia no es otra que la transitada entre el Ejecutivo y el Ministerio de la Producción años atrás, hasta que desde el municipio se consideró una pérdida de tiempo seguir dialogando ante la falta de definiciones concretas.
Uno de los primeros interrogantes para el convite prometido, entonces, es conocer quién se va a sentar en dicha mesa. Si sólo serán los actores políticos o se ampliará a los demás sectores involucrados, como los canteristas, ambientalistas y los mismos concejales que vinieron lidiando con la disparidad de criterios para con las decisiones oficialistas lunghianas.
Precisamente desde las bancas opositoras sostienen que desde el ministerio que sigue liderando Débora Giorgi, más allá de sorprenderse de las fuertes declaraciones de su jefe político, no hizo más que repetir lo que desde un comienzo aseveró: de dónde se saca el dinero para semejante proyecto que implica trasladar las canteras.
Cabe consignar que oportunamente cuando la discusión se centró en este nada sencillo aspecto, se esbozó la necesidad de darle intervención a la Nación, pero desde allí nada surgió en el transcurso de las discusiones, más allá de tibias presencias.

LA JUSTICIA
Paralelamente, en medio del prometido debate político siguen pendientes varios litigios y medidas judiciales que quedaron en mano de la jueza de Faltas, Cecilia Pazos de Villar.
Es que la jueza había encontrado el espaldarazo, también impensado, del juez Correccional, Carlos Alberto Pocorena, a la hora de fallar a favor de que el municipio pueda controlar la explotación minera.
Con esa reafirmación, aún la jueza interviniente no motorizó las mediciones prometidas en los cerros explotados en pos de determinar si las firmas canteriles cumplieron con lo pautado en los informes de impacto ambiental y su respectiva mitigación.
Aquí, entonces, surge el siguiente interrogante: se tomará en cuenta las decisiones judiciales venidas y por venir o se limitarán a la discusión política con un arreglo previo sobre aquellos litigios emprendidos. A propósito, el “famoso” decreto del intendente Lunghi, se da por caído o se mantiene firme a pesar de la evidente indiferencia de las canteras, que siguieron explotando sin más.
Así las cosas, hay algo destacable en esta controvertida como dilatada historia. En la antesala hay una voluntad política del Gobernador que coincide con la del Intendente. Hasta donde llegarán los gestos y declamaciones sólo podrán dilucidarse con el paso de las horas. Esta semana debería ser clave para encontrar alguna respuesta.