Locales. Comunicado de Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género sobre proyecto de ley de "Falsas Denuncias"

El Proyecto de Ley que busca modificar el Código Penal para endurecer o agravar las sanciones por "falsas denuncias", "falso testimonio" y "encubrimiento" en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual que ha obtenido dictamen favorable y pretende ser discutido en el Senado de la Nación, constituye un grave retroceso en materia de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Se trata de un intento de silenciar a las víctimas de violencia de género y abusos sexuales cuestionando la palabra de quienes denuncian, deslegitimando las políticas de género y desmantelando las herramientas fundamentales de protección.

En nuestro país, el reconocimiento de la violencia de género y el abuso sexual como delitos contra la integridad de las personas ha sido alcanzado tras muchos años de lucha y denuncia de las organizaciones feministas, los movimientos sociales y de derechos humanos y sólo recientemente las víctimas de este tipo de delitos se han sentido acompañadas y cuidadas por el Estado al momento de denunciar.

Esos avances, sostenidos en datos crudos que enumeran a las víctimas por decenas y decenas, peligran hoy por un proyecto de Ley que lejos de promover la justicia intenta obstruir el acceso a ella. Mientras que, como señalan numerosos estudios, las falsas denuncias en Argentina representan el 0.3%, se estima que, de cada 1000 abusos, se denuncian 100 (el 0,1%) y sólo 1 (el 0,001%) recibe condena, dando cuenta que el problema no es la existencia de falsas denuncias, sino, la falta de denuncias en estos casos.

Desde la Mesa Intersectorial para la prevención y el abordaje de la violencia familiar y por razones de género del municipio de Tandil, rechazamos el intento de silenciar a las víctimas poniendo en duda sus palabras y extorsionando con el castigo a quien se atreva a denunciar. Existe un riesgo cierto de estar avalando un nuevo obstáculo para las denuncias genuinas, particularmente en delitos que está sobradamente demostrado que difícilmente se denuncian.

Este proyecto, además, impacta negativamente en el trabajo de profesionales de la salud, la educación y el ámbito social, quienes tienen la obligación de denunciar ante una posible vulneración de derechos y, bajo un régimen que persigue las "falsas denuncias", pueden verse condicionados, debilitando las redes de cuidado y prevención.

Frente a ello, sostenemos la necesidad de fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, el acompañamiento integral a víctimas de violencia y la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles y poderes del Estado, responsabilizando a las y los representantes legislativos de cualquier situación que intente volver a poner a la violencia machista y el abuso en la infancia a la esfera de lo indecible.