Locales. Comunicado Mesa Multisectorial por Memoria, Verdad y Justicia

Quienes conformamos la Mesa Multisectorial por Memoria Verdad y Justicia, sostenemos que con persecución política disfrazada de actos judiciales y proscripción no hay democracia. En ese sentido, resulta que el pedido de condena y de inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, es una nueva muestra del uso del aparato judicial para vaciar nuestra democracia de contenido y dejarle sólo la cáscara.

Jueces, fiscales, empresas periodísticas y políticos conservadores con más poder que votos se han convertido en una asociación para la guerra sucia política, mediante denuncias judiciales inventadas y campañas psicológicas que las respaldan y viceversa, acciones policiales o prejudiciales injustificadas. Llegando siempre a las conclusiones antes que a las evidencias, pero penetrando sus mentiras en vastos sectores de la opinión pública. No es nuevo: Los líderes populares más importantes de la Historia argentina que osaron avanzar en la justicia distributiva, sufrieron el mismo cañoneo de la prensa conservadora y de jueces y fiscales del mismo palo. Lo padecieron vivos y muertos: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández. No casualmente, hace pocos meses el expresidente Mauricio Macri ofendió la memoria de todos los expresidentes antes mencionados, sincerando su desprecio a toda expresión genuinamente popular en Argentina como ilegitima o malsana. Tanto el Yrigoyenismo como el Peronismo y los partidos de izquierda fueron proscriptos por la elite conservadora argentina, no permanecemos indiferentes ante esta constante de nuestra historia.

Esto no solo sucede en nuestro país, las élites conservadoras del continente realizan las mismas prácticas desde hace años en Latinoamérica y el Caribe: Campañas periodísticas que preparan el terreno para la realización de golpes blandos con los que se derrocan gobiernos democráticos a través de "caminos institucionales" o con el armado de causas judiciales amplificadas por medios de comunicación concentrados: Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina lo saben.

Las 109 víctimas del terrorismo de Estado en Tandil y la región, que esperan desde hace cuarenta y cinco años juicio y castigo a sus perpetradores sufrieron el mismo tratamiento y la misma guerra psicológica: "extremistas", "subversivos", "agentes extranjeros", "terroristas" fueron los términos que la prensa socia de la Dictadura Cívico Militar utilizaba para justificar sus crímenes sobre la población y estigmatizar a sus víctimas. Ese amargo aprendizaje de ayer nos permite señalar estas certezas de hoy.

En el juicio más importante de toda la historia tandilense, el que nos ha convocado para conformar la mesa, vemos las consecuencias de un ineficiente y sesgado poder judicial que requiere de reformas: ningún petitorio de la Mesa ha sido contestado por el Tribunal Oral Federal nº 1 de Mar del Plata, la localía del juicio sigue siendo una irrealidad, se le ha ordenado celeridad en los trámites y esto no sucede, los jueces son subrogantes, es decir que atienden otros casos en otras regiones lentificando todo su accionar ( Hace un año que no se designan jueces en Argentina).

Asimismo, los procesos de memoria verdad y justicia, que desde esta mesa procuramos y motorizamos, necesariamente sólo se pueden desarrollar en contextos democráticos que protejan todas las garantías y derechos constitucionales e internacionales. Sabemos que la mayoría de los derechos civiles, políticos y sociales se han conquistado gracias a la lucha política y a la deliberación pública plural que ha ido transformando y moviendo la sociedad en la dirección de la mejora moral y material de los ciudadanos.

Nos resulta escandaloso que estas élites conservadoras hayan logrado instalar -en importantes sectores de nuestro pueblo- la noción de que la sentencia de culpabilidad llega antes de que las evidencias en sede judicial así lo prueben y la no menos aberrante noción anticonstitucional de que el acusado debe probar su inocencia como sucedía en los ¿lejanos? tiempos de la Inquisición y sus hogueras.

Por todo lo anterior, rechazamos las argucias de miembros del poder judicial que atacan y criminalizan a quienes luchan por sus derechos y repudiamos los intentos de proscripción a Cristina Fernández Reafirmamos que la disputa política, las diferencias, deben dirimirse en el terreno de la política y sólo ser sometidas al veredicto de la soberanía popular.