Locales. Con clima a favor, demandará “25 días” terminar las prefabricadas

La jueza Stella Maris había dispuesto que hoy, 15 de noviembre, los ocupantes de las viviendas en construcción situadas en el barrio Smata debían abandonar el predio a riesgo de ordenarse un desalojo compulsivo, pero la medida queda virtualmente en suspenso hasta que se expida la Cámara de Apelaciones de Azul.

De todos modos, si la Alzada ratificara el dictamen de primera instancia, tanto la comuna como el defensor oficial gestionarán en forma conjunta una ampliación de plazos.

Hasta hace 7 días, en Córdoba y Ugarte (entre el barrio San Juan y Maggiori) sólo se veía el terreno alisado y delimitado. No mucho más. Es el lote fiscal donde la comuna, con fondos de Nación, levantará las 14 prefabricadas para la reubicación de quienes toman en el complejo de los mecánicos.

Los retrasos en la ejecución de la obra, según la empresa adjudicataria “Viviendas Roca”, responden a factores “puramente climáticos”, en tanto las lluvias y tormentas de comienzos de noviembre hicieron imposible comenzar con los trabajos, debido a razones técnicas.

En este panorama, Rafael Piedras, titular de la firma “Roca” en Tandil, indicó a LA VOZ que si las condiciones meteorológicas son favorables, las viviendas pueden estar terminadas en no menos de“25 días”.

Esta previsión obliga a las autoridades municipales, que impulsan la obra, a solicitar formalmente a la Justicia que prorrogue los plazos para que las familias que siguen viviendo en Smata dejen las precarias instalaciones.

Por eso el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, y el defensor oficial y representante legal de los ocupantes, Diego Araujo, mantuvieron contactos para posponer esa fecha límite, hasta tanto concluyan los trabajos en Córdoba y Ugarte, atrás de los cuarteles de la Primera Brigada Blindada.

Asimismo, cabe señalar que existen 3 apelaciones en curso a la orden de desalojo, que cursa en el Cámara de Azul, donde –hasta el momento- se desconoce si hubo sentencia.

Lo cierto es que la Municipalidad ya trabajó poniendo el terreno a nivel, pero “las limitantes del clima nos obligaron a esperar”; manifestó Piedras.

Por caso, las plateas de las industrializadas demandan unos 15 días con clima a favor. Terminado ese paso, luego viene una etapa que llevaría otros 10 días.

En la adjudicataria, por otro lado, aclararon que no existen trabas administrativas ni financieras en esta oportunidad, sino que “todo se debe a cuestiones meteorológicas”, insistió el gerente.

MARCO

Cabe señalar que las 14 viviendas constan de dos dormitorios, baño, cocina y estar-comedor.

El 6 de agosto, en la sede del gremio Smata, el gremialista César Trapote junto a dos abogados, Juan Claudio Morel y Rodrigo López Santoro, brindaron una conferencia de prensa donde anunciaron oficialmente que en noviembre las familias ocupantes debían salir del predio por orden judicial.

Santoro indicó que ese fallo respondió a la petición de un particular damnificado que solicitó la devolución del inmueble, debido a la “existencia del delito de usurpación y específicamente encontrando acreditadas en la causa penal la clandestinidad, que es uno de los elementos de tipo penal”, dijo el abogado de la parte actora.

El letrado también elogio el dictamen de Aracil por tratarse de una decisión “profunda, algo meditado y muy bien hecho”. “Es una invitación a que la gente se retire” y en caso de que eso no ocurra, “se va a proceder al lanzamiento en noviembre”, advirtió hace 4 meses. En este lapso precisamente avanzaron las gestiones políticas para conseguir fondos que pudieras costear las prefabricadas.

La magistrada –añadió López Santoro- “optó por una serie de resguardos invocando tratados y disposiciones, nacionales e internacionales”, y deseó “no llegar a un lanzamiento con la fuerza pública con las personas que están ocupando el lugar”. Dada la presencia de menores y mujeres, Aracil “solicitó la presencia de personal policial femenino, veedores y filmaciones”, entre otros resguardos legales.