Nacionales. Con el Presupuesto aprobado, el Gobierno va por tres reformas y posterga el Código Penal

Luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno se prepara para un segundo llamado a sesiones extraordinarias con el objetivo de avanzar en otros proyectos incluidos en el temario legislativo. La convocatoria se realizaría entre el 2 y el 27 de febrero, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En ese período, el oficialismo intentará sancionar la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma de la Ley de Glaciares y la reforma laboral, iniciativas que ya cuentan con dictamen. En cambio, el proyecto de reforma integral del Código Penal no forma parte de las prioridades inmediatas y requerirá un tratamiento más extenso.

La reforma penal, presentada en octubre por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el penal de Ezeiza, todavía no ingresó formalmente por ninguna de las cámaras y no tiene definido su recorrido parlamentario.

La "regla fiscal"

La ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetario tiene dictamen vigente y de hecho había sido incorporada al temario de la sesión de Diputados en la que quedaron aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

Con el quórum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar la sesión y la norma no pudo tratarse.

Esta ley, denominada por el Gobierno como la "regla fiscal", busca generar un esquema de sanciones sobre funcionarios públicos o directores de bancos públicos que generen gasto innecesario o desmedido, o que implementen mecanismos distorsivos de emisión monetaria.

En definitiva, la ley intenta reproducir el axioma libertario de que no se gasta más de lo que ingresa en las arcas del Estado.

Esta regla de oro ya viene aplicándose a rajatabla desde los inicios de la gestión de Milei y es simbolizada por la imagen de una motosierra.

El ajuste llegó a tal extremo que el Gobierno ni siquiera se aviene a aplicar las leyes vigentes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, votadas en ambas cámaras y repuestas tras los vetos el presidente.

Sin embargo, este mega ajuste fiscal en términos de gasto público tiene como cara contradictoria las pérdidas de recursos que el Gobierno viene convalidando por voluntad propia.

Esto se evidencia por ejemplo en la baja de la alícuota de Bienes Personales, la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, la baja de retenciones a determinados granos de exportación, la reducción de las contribuciones patronales contemplado en la reforma laboral, la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.

Reforma a la Ley de Glaciares

Esta norma, que tiene dictamen favorable en el Senado, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de destrabar y multiplicar inversiones en el sector.

En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994.

La normativa actual, además de proteger a los glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua, y juegan un rol importante en la regulación de recursos hídricos.

La reforma que persigue el Gobierno y muchas de las provincias cordilleranas del centro hacia el sur del país mantiene la protección de los glaciares pero quita las prohibiciones vinculadas a las zonas periglaciares.

Reforma laboral

La reforma de "modernización" laboral, como la bautizaron sus autores, es la gran apuesta del Gobierno para estos primeros meses del 2026.

La iniciativa tiene como objetivo primordial bajar los costos laborales y reducir la litigiosidad laboral.

En su rol de jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich había intentado apurar el trámite, y en efecto consiguió avanzar con el dictamen de mayoría en el Senado.