1 de febrero de 2012
El aluvión mediático nacional que puso a Tandil en el epicentro del abuso sexual infantil generó preocupación en actores del ámbito judicial de la ciudad, donde temen un efecto de descreimiento generalizado en el servicio de Justicia.
La figura del fiscal Luis Piotti recorrió durante horas las pantallas televisivas. LA VOZ estuvo ayer en los tribunales de calle Uriburu Sur, donde la tranquilidad de la feria, paradójicamente, contrastaba con las repercusiones de un grave cúmulo de acusaciones. Con los niños y su integridad como telón de fondo.
Tras la embestida de la prensa porteña, este Diario dialogó con fuentes de Fiscalía, donde se apunta a defender el trabajo que desempeñó Piotti en las 3 causas que le atañen directamente, y aseveran que el juicio político, hasta el momento, sólo fue gestionado por algunos legisladores, por lo que queda mucha tela por cortar, indican. Alegan que recién fue pedido el Jury, por lo que aún resta evaluarse el mérito por el resto de los integrantes de la comisión bicameral.
En los pasillos del Poder Judicial aseguran que Piotti se siente "bien en los personal pero le preocupa lo institucional" tras los graves cargos que afronta en los canales de TV y las páginas de los diarios.
En la legislatura provincial lo denunciaron por "incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento en los deberes inherentes al cargo, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a decisión o dictamen, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.
Pero el impacto sí se refleja -según los funcionarios- en la sensación ciudadana: "hay personas que creen que sus casos son investigados de manera incorrecta, pensando que hay un juicio político en puerta, cuando no es así. La objetividad y certeza de la información reducirían estos daños", entienden.
Y confían en que, si diputados y senadores examinan cada causa con objetividad, Piotti saldrá airoso.
"Se mencionan 38 chicos y 20 causas, pero nunca se pudo documentar ese dato. Nos gustaría que acerquen estas causas, y las analizamos", relativizaron.
En un despacho de calle Uriburu, la estrategia de amplificación mediática es adjudicada a la psicóloga Daniela Lezcano. La profesional fue sancionada por el Colegio de Psicólogos y "tiene una causa en contra por presunta alteración de dibujos de niños para demostrar el abuso". Cabe aclarar que Piotti fue uno de los funcionarios que denunció a la psicóloga.
Por su parte, el diputado justicialista Gabriel Villegas, presidente de la Bicameral, junto a su secretario, visitó en su oportunidad el despacho del fiscal cuestionado, donde accedieron a 3 causas.
En sede judicial critican "la difusión inadecuada de la situación , por exageración del número de casos, por intereses de personas que dicen cosas que no son reales, porque no se tienen en cuenta los mecanismos de control judicial". Esto es, si un fiscal actúa mal, puede ser sancionado por distintas instancias de contralor judicial. Piotti, hasta el momento, nunca fue objetado por estos órganos.
"Preocupa el daño a la institución judicial, no en lo corporativo, sino que se perjudica a la función de la Justicia, ya que la gente quizás empiece a descreer, porque no tiene conocimiento exhaustivo, sino que accede a lo que publica la prensa", refieren. Y de darse el juicio político, afirman que "no hay motivos que ameriten una falta grave para desplazar a un fiscal".
Del mismo modo, desmienten cualquier vínculo con el intendente Miguel Lunghi, descartando así la idea del complot. "Cómo harían para estar complotados todos los fiscales y jueces de Tandil, magistrados de Azul, la Corte Suprema, los peritos de Tandil, Azul y la Corte, la Academia Nacional de Medicina y médicos que intervinieron en las causas, la Iglesia, el municipio, todos de acuerdo para no perseguir los abusos. Es una idea fantasiosa, quién orquestaría y dirigiría todo eso. Nosotros también somos padres de familia", subrayaron.
Además, alegan que en el 93 % de las causas que llegaron a juicio hubo condenas, según una estadística que ya había publicado este matutino.
En cuanto al archivo de causas, aseguran en las oficinas de Uriburu Sur que cuando no hay elementos suficientes para entender que existió un delito, o quién es el autor del mismo, no se puede avanzar, y se argumentan las razones.
"En el caso Gonzalo no se dijo que no había delito, sino que no había elementos suficientes para avanzar en la causa. Luego las partes se pueden quejar, van al fiscal general, quien reabre la causa", cerraron.
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