Locales. Concejales del FPV denuncian ausencia del estado en el abordaje de las problemáticas de género

El pasado martes 29 de abril los y las concejales del FPV recibieron a las integrantes del Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de Tandil a partir de los permanentes reclamos que desde ese sector vienen realizando al ejecutivo local para que implemente políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres, que entre las cuestiones más urgentes impliquen una asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia de género. Los y las ediles se pusieron a disposición “de todas las mujeres de la ciudad” que se sientan vulneradas y afirmaron su compromiso para “que se garantice el pleno goce y ejercicio de esos derechos”.
En el mes de abril el Foro de la Mujer, un espacio integrado por distintas organizaciones públicas y de la sociedad civil, entregaron al Intendente un petitorio con más de 300 firmas de vecinos y vecinas preocupadas por la falta de interés y voluntad política municipal para garantizar la plena vigencia de esos derechos.
Desde el año 2002 el Municipio de Tandil cuenta con el “Área de las Mujeres”, una estructura organizativa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. En su momento, el proyecto para la constitución del área -creada a partir de la Ordenanza N° 8655/02 durante la gestión del entonces intendente Indalecio Oroquieta-, fue elevado para su tratamiento en el Concejo Deliberante a través del mecanismo de iniciativa popular. El proyecto contó desde un principio con un importante respaldo de la ciudadanía a partir del trabajo conjunto de distintas organizaciones que proponían un abordaje serio y responsable acerca de las problemáticas de género en la ciudad.
“Cuando pensamos que Tandil puede y debe ser un municipio ejemplar, como lo es en otras cosas, creemos que también debe serlo en materia de políticas públicas orientadas a la asistencia integral de las mujeres víctimas de la violencia de género”. Es necesario poder sostener en el tiempo la asistencia psicológica a las víctimas, garantizar el acompañamiento jurídico para esas mujeres que tienen el coraje de denunciar la violencia, poder ayudarlas económicamente hasta que puedan recomponer su situación familiar y social y darles una respuesta habitacional y alimentaria digna para evitar re-victimizar a mujeres que, lamentablemente, demasiado dolor y angustia padecen” sostuvo el edil Rogelio Iparraguirre.
Por su parte, la concejal Corina Alexander añadió que la ordenanza que establece los alcances y las responsabilidades del Área de las Mujeres “es muy precisa y completa” y afirmó que “hace 11 años que el radicalismo no sólo no cumple con el espíritu de la ordenanza sino que, fundamentalmente, jamás se preocupó por desarrollar políticas públicas a lo largo del tiempo que permitan un abordaje profesional, integral e interdisciplinario de las temáticas orientadas a las mujeres”.
Sobre la situación actual del Área de la Mujer, Iparraguirre subrayó que su Coordinadora es “una militante feminista muy capacitada” pero que “cobra uno de los sueldos más bajos de toda la estructura política del municipio” lo que “deja evidenciado claramente la jerarquía y el rol que le asignan a los temas que atañen directamente a la mujer en nuestra ciudad”. También destacó su preocupación respecto de que “no se le haya permitido participar” de las Jornadas contra la Trata de Personas que se realizaron los días 10 y 11 de abril de este año. “Se trata de la funcionaria municipal que ha trabajado y se ha formado en los temas vinculados a los derechos de las mujeres en Tandil. Resulta preocupante no sólo que no le hayan permitido asistir sino que, habiendo pedido el día para poder estar, le hayan descontado $300 de su salario”.
Al respecto, Corina Alexander añadió que “hoy el Área se encuentra sin poder implementar las políticas que garanticen el pleno ejercicio de derechos de las mujeres de nuestra ciudad lo que denota la total desidia y falta de interés del Ejecutivo local en la temática de género”. Actualmente“existen en el área dos trabajadoras sociales y una abogada que también desempeña funciones en Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por lo que no hay una dedicación exclusiva para las temáticas vinculadas a la mujer”

SOBRE LOS REFUGIOS PARA LAS VÍCTIMAS
Actualmente la violencia de género es considerada un gravísimo y extendido problema social que requiere la puesta en marcha de acciones urgentes. A diferencia de lo que suele imaginar mucha gente, se trata de un fenómeno trasversal que afecta a todos los sectores socio-económicos de la ciudad y que no es potestad de una clase social en particular.
En ese sentido, Alexander planteó que “el estado está para protegernos a todas” pero tiene “una obligación y responsabilidad superior con los sectores más vulnerables” que “no tienen los recursos para resolver la urgencia ni tampoco un lugar a donde ir” y que, en su mayoría, “terminan dependiendo de los ingresos del golpeador para sostener a sus hijos. Por eso necesitamos políticas públicas de atención integral para las mujeres, para que no se vean obligadas a continuar con el maltratador y para eso los refugios debieran cumplir una función central”.
Los refugios son espacios para que las víctimas que deciden denunciar encuentren transitoriamente un lugar donde resguardarse junto a sus hijos e hijas hasta tanto se ejecuten las medidas judiciales pertinentes y puedan volver al hogar conforme lo establecido en la Ley 26.485. En ese lugar también se les debe brindar atención psicológica y social.
“En Tandil existen dos refugios que, por protección de las víctimas no puede darse a conocer su dirección y se trata de lugares francamente espantosos. En primer lugar no se respeta la temporalidad -que no puede exceder las 72 horas que debería tardar la medida de protección-, y en estos casos hay mujeres que llevan meses abandonadas en lugares que pueden ser considerados verdaderas pocilgas, lugares indignos y vergonzosos en donde se re-victimiza a la mujer ya que luego de tomar el coraje y la decisión de vida de denunciar esa violencia, se encuentran con un Estado que las vuelve a victimizar alojándolas en espacios que poco tienen que ver el respeto mínimo por la condición humana” concluyó Iparraguirre.