Locales. Concejales se comprometieron a analizar los términos de la resolución

Durante dos horas, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante y organizaciones sociales debatieron ayer los términos de la resolución concejalicia que cuestiona al proyecto presidencial sobre Papel Prensa.
Del encuentro en la planta alta (Presidencia del deliberativo) participaron 6 referentes de las agrupaciones que cuestionaron el dictamen y los ediles Marcos Nicolini, Claudio Ersinger, Graciela Ubach, María Bedascarrabure, Cristina Aquino y Juan López. Salvo Ubach (FPV), el resto convalidó la polémica resolución.
Voceros de las organizaciones sociales y políticas defensoras de los Derechos Humanos en Tandil deslizaron a LA VOZ detalles del debate, que intercambió contenidos partidarios con argumentos directamente relacionados al informe "Papel Prensa, la Verdad".
El trasfondo nacional de la controversia: la medida impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que intenta dilucidar si hubo delitos de lesa humanidad en el traspaso de la compañía que abastece el papel de diario, durante la dictadura militar.
Al parecer, los legisladores que votaron a favor de la resolución del Concejo, donde se achaca una presunta embestida a la libertad de expresión, aclararon que nunca fustigaron que el Poder Judicial investigue los hechos ocurridos durante los años de plomo.
Pero los concejales esgrimieron razones de pertenencia política a la hora de justificar sus posturas en torno al Gobierno Nacional. Nicolini, el radical presidente del cuerpo, dijo que apoyó la resolución por razones vinculadas al Indec y la "falta de libertad que sufren los técnicos del organismo a la hora de elaborar los índices oficiales". Aquino, en la mismo línea, cargó contra la conducta de Guillermo Moreno. Y López se mostró con temor de una "posible vuelta" a los tiempos dictatoriales.
La réplica de los militantes sociales no se hizo esperar, pues defendieron la necesidad de esclarecer los posibles delitos de lesa humanidad, particularmente en el caso Papel Prensa. Y por sobre todo, respaldaron el proyecto de ley, enviado al Congreso, donde se declara al papel de interés público, lo que permitiría contrarrestar el monopolio que hoy beneficia al Grupo Clarín.
"Ninguno de esos argumentos personales, y críticas políticas, estuvieron plasmadas en los considerandos de la resolución", retrucó un miembro de las agrupaciones reclamantes.
Además, Ersinger, presidente de la Comisión de DDHH, ayer sostuvo que veía con buenos ojos una investigación judicial, aunque en el dictamen aprobado por el cuerpo "esa parte ocupa un minúsculo lugar dentro de un texto de una hoja y media donde se insiste en el cercenamiento de la libertad de prensa y los ataques a la expresión", cuestionó un referente social.
Para las agrupaciones, los concejales volcaron en la resolución un conjunto de "apreciaciones personales", en nombre de una institución que representa al pueblo de Tandil, como el HCD.
También solicitaron las organizaciones que el tema no fuese manejado mediante una agenda colonizada por medios nacionales, y que se consultara a los medios de prensa de nuestra ciudad sobre las ventajas que tendría el proyecto de ley.
Los concejales, a su vez, subrayaron en que "se reconocen como sujetos políticos, que ocupan un lugar en la representación de todos los ciudadanos, pero que además defienden una ideología partidaria".
En definitiva, la comisión de DDHH se comprometió a analizar los términos del texto de la resolución, y si es necesario, aclarar a la opinión pública que no repudian una investigación judicial de los hechos relacionados con el traspaso de Papel Prensa.