Locales. Crisis terminal: la universidad pública argentina denuncia un "vaciamiento inédito" y el incumplimiento de la ley

En el marco de la cuarta marcha federal universitaria, la comunidad académica alertó sobre una caída real del 45,6% en el presupuesto y salarios que alcanzaron su nivel más bajo en 23 años. Denuncian un "desprecio institucional" por parte del Poder Ejecutivo al ignorar la Ley de Financiamiento.

La comunidad universitaria argentina, junto al sistema público de investigación y desarrollo, ha alzado su voz en una jornada histórica para denunciar lo que consideran un ataque sistemático al "núcleo del porvenir" del país.

Bajo la consigna de defender la educación superior de máxima calidad y la producción de conocimiento soberano, el comunicado emitido en la cuarta marcha federal subraya que el sistema atraviesa una situación de asfixia financiera sin precedentes.

El diagnóstico es alarmante: entre 2023 y 2026, las transferencias a las universidades nacionales sufrieron una caída real acumulada del 45,6%.

Esta reducción de recursos afecta todas las funciones sustantivas de las instituciones, desde el funcionamiento básico hasta la investigación.

La situación de los trabajadores docentes y nodocentes es calificada como "crítica". Según los datos presentados, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 alcanzó el 293,30%, mientras que los salarios solo aumentaron un 147,30%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%.

En términos prácticos, este deterioro equivale a la pérdida de casi 11 salarios en el período considerado, ubicando a las remuneraciones universitarias en su nivel más bajo de las últimas dos décadas y entre las peores de toda América Latina.

El impacto llega de lleno a las aulas. El sistema de apoyo para el ingreso y permanencia estudiantil ha sufrido un "profundo deterioro"

El comunicado al que se dio lectura frente a la sede del Rectorado, tras la movilización, destacó que:

-Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la alta inflación.

-Las Becas Manuel Belgrano enfrentan incertidumbre y desfinanciamiento.

-Las becas de Vocaciones Científicas (EVC) se encuentran actualmente suspendidas.

Esta situación, denuncian, actúa como un mecanismo de expulsión de los sectores populares, profundizando las desigualdades y poniendo en riesgo la graduación de miles de jóvenes.

Más allá de las cifras, la comunidad universitaria denuncia una "ruptura del acuerdo democrático".

El Poder Ejecutivo es acusado de alzarse contra los otros poderes del Estado al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, ratificada por el Congreso, y desoír los fallos judiciales que exigen su cumplimiento. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe es el contrato social", advierte el documento.

El comunicado concluye con un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante el incumplimiento de la ley.

Para los referentes académicos, la universidad pública no es solo una institución educativa, sino un instrumento de justicia social y movilidad ascendente que resulta estratégico para cualquier proyecto de industria nacional y soberanía científica.

"Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño", sentencia el documento, reafirmando que la educación pública es el pilar que "iguala y nos hace libres".