Locales. Cuatro oferentes y la esperanza de reactivar el transporte escolar

Si hoy a la tarde las empresas cumplen con la documentación que exige la ley, esta semana podrían retornar a clases dos centenares de alumnos de las escuelas de concentración rural, afectados por la caída de contratos de transporte que debe garantizar el Estado provincial.
El problema cobró amplia difusión pública, y ya contabiliza 7 días sin clases para la mayoría de la matrícula que asiste a los establecimientos rurales educativos.
Mientras el Consejo Escolar, en manos del radicalismo, apunta contra la administración bonaerense y le pide que rompa el silencio en torno a un tema vergonzoso, la política sigue sin solucionar un derecho básico de los niños.
Durante los últimos días hubo reuniones incesantes en diferentes niveles de la dirigencia tandilense. Además de la Unidad Ejecutora de Gestión Distrital, la Dirección de Transporte comunal y concejales de la Comisión de Transporte apuraron las gestiones para destrabar el meollo del menester: la falta de documentación a tono con las normativas por parte de los oferentes.
Ayer Mery Fuente, presidenta del Consejo Escolar, le confirmó a LA VOZ que a los dos firmas marplatenses -Marta Miori y Juan Carlos Bacchiocchi-, virtualmente "rebotadas" por no presentar adecuadamente los papeles que hacen al registro automotor, se les sumaron un par de nuestra ciudad, "Torre Fuerte" y Fernández. Esta novedad de las últimas horas adhisiona cierta esperanza en tanto se amplía un poco el abanico de posibilidades de cubrir el faltante.
Un abogado del Consejo, junto a la Dirección de Tránsito tendrán a su cargo la supervisación de la documentación que pongan a disposición los cuatro oferentes, para determinar cual o cuales están en condiciones de asumir los recorridos a Gardey, Azucena y La Numancia.
Mario Montani, titular de Tránsito, junto a un grupo de ediles, "se estuvo moviendo para evaluar cada situación". De todos modos, los plazos, aún si se encontrara una empresa con todas las reglas al día, no son tan sencillos de acortar. Por caso, se prevén 48 horas para analizar cada oferta. Así las cosas, con todo el viento a favor, los pibes podrían regresar a las aulas recién el viernes.
En Gardey, 136 de los 400 alumnos están imposibilitados de asistir a clases. Pero en Azucena son 90, y en La Numancia, 27. Ambos establecimientos diezmados en la asistencia.
"A nivel nuestro, pusimos todo lo que tenemos, ya no se puede hacer mucho más", se excusó Fuente, desligando toda la responsabilidad hacia el Gobierno de Daniel Scioli.
Cabe recordar que los postulantes de la ciudad balnearia presentaron problemas de documentación con relación a sus vehículos, ya que "no cumplían las normas nacionales, provinciales y municipales".
"No tenemos garantías sobre cómo se trasladan a nuestros hijos, alumnos o allegados, poniendo en riesgo de una situacion civil y penal", alegó Fuente.
Para la consejera, estas dilaciones no representan una cuestión de "capricho", sino de "protegernos entre todos. No estamos trasladando verdudas, sino seres humanos", fue la figura categórica de las autoridades locales.
Sin embargo, esta solución de corto plazo, por eso se lo denomina "de emergencia", debería dar lugar a una medida política de fondo, entienden en Sarmiento e Yrigoyen. En concreto, sostienen que la Provincia "debería dotar a las instituciones con los micros que les corresponda".
Para Mónica Poumé, inspectora jefe distrital, la raíz del problema radica en el escaso parque automotor que ostenta la ciudad.