Locales. Curcio sobre aplicación de agroquímicos: "Defendemos la plena vigencia de la ordenanza"

Curcio explicó a La Voz que "efectuamos la semana pasada una presentación, donde el Municipio interpreta que el mandato, de la forma que fue resuelto, parecería excederse un poco de lo que entendemos son las atribuciones propias del poder judicial. Tenemos la sensación que, a partir de la pretensión de los actores, la resolución judicial termina modificando o suspendiendo al menos temporalmente, en todo el Partido, una ordenanza municipal".

Recordemos que la cautelar del Juez Blanc, imponía, entre otras medidas, la no aplicación de agroquímicos en la actividad agropecuaria, a menos de 500 metros de escuelas rurales y poblados, así como cursos de agua, en caso de fumigaciones terrestres y hasta 2000 metros, para aplicaciones aéreas.

"Esto encendió las alertas porque la competencia para dictar Ordenanzas la tiene el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Departamento Ejecutivo. Este es un mandato genérico, modificando una determinada cantidad de metros donde se pueden aplicar todos los agroquimicos, no ya los que la Ordenanza establece, y entendemos que excede el marco de actuación del Juzgado Civil y Comercial que está interviniendo en la causa, que recordemos, es una causa donde determinados particulares demandan a otros particulares, que son empresas, no al municipio", refirió el abogado del Municipio.

Y explicó que "dado el tenor de la demanda, la Municipalidad se presentó voluntariamente para ser demandado y pidió la incompetencia del Juzgado, porque debería radicarse la actuación en el Juzgado Contencioso Administrativo, en todo caso. Allí debemos discutir la validez, o no, de la ordenanza. Porque si no se está de acuerdo con la ordenanza, se trabaja en el Concejo Deliberante, o se impugna judicialmente en el fuero correspondiente. Si el objeto de la causa es otro, entendemos que la cautelar no debería haber venido orientada a suspender esto respecto de todo el Partido, sino a los demandados, que son, según los demandantes, los que produjeron el daño que se reclama".

Curcio también consideró que "hay una dificultad jurídica para implementar la cautelar, porque el que debe cumplir una medida judicial, tiene que estar notificado", lo que implicaría que debería notificarse a todos los productores de Tandil.

"Una podría decir "que el Municipio los notifique". Para eso deberíamos saber cuál es el universo de personas a notificar. Pero además, el tenor de la medida, demuestra que en 20 días, o dentro de dos meses, si viniera alguien desde afuera y arrendara un campo, el municipio tendría que notificarlo. Y hay una segunda dificultad, que es que la Ordenanza no prevé sanciones para cuando se utilizan agroquímicos a 450 metros. Entonces, es difícil tener por un lado una cautelar que prohibiría aplicar agroquímicos a esta distancia, pero por otro lado no tengo una norma que me permita sancionarlo administrativamente, porque la norma prevé aplicaciones a menos de 150 metros de poblados. Todo esto se ha expuesto para ver qué resuelve la justicia", añadió el letrado.

Remarcó que "esa es la intervención del Municipio en esta causa. Entendemos que la ordenanza esta plenamente vigente y nos presentamos para defender la ordenanza y su  plena vigencia".

CERRO LEONES

Por otro lado, Curcio fue consultado por el fallo del Juez Zárate, que exigió al titular de la cavas de Cerro Leones y al Municipio, que dispongan medidas de prevención para desalentar y evitar el ingreso de personas a ese predio, con fines de bañarse en el espejo de agua.

"De esa medida fuimos notificados hace un par de días", aclaró el funcionario, quien recordó que "esta es una causa del año 2017, donde hubo una presentación conjunta entre los titulares de la firma propietaria de la cava y el Municipio, en la que se proponían una serie de acciones a llevar adelante por la empresa, con el fin de mitigar o evitar la ocurrencia de accidentes en ese lugar y que el público tome conciencia que no debe ingresar a un predio privado, y que además, este predio es riesgoso para la vida".

"Lo que hizo este fallo es aprobar esa propuesta que hizo en 2017, por lo cual ahora sí serían técnicamente, serian exigibles aquellas acciones que se habían propuesto. Muchas de ellas han sido cumplidas total o parcialmente, como por ejemplo reparar todos los cercos que rodean el predio, que son 55 hectáreas. Lo que pasa es que los cercos se vuelven a vandalizar, pero insistiremos con eso. Otro punto era reforzar la cartelería de "Prohibido ingresar" y "Peligro". También se había pedido al dueño la colocación de taludes de tierra y piedra que dificulten el acceso a los espejos de agua. Lo que pasa es que el lugar es tan grande y hay tantos accesos, que uno no puede hacer una burbuja que cierre todo. Es muy difícil evitar, si alguien quiere ingresar", analizó.

En la misma resolución, el juez dispone otros mandatos preventivos tendientes a ampliar las acciones de disuasión a los particulares. Curcio recordó que "por un lado, se propone que el Municipio evalúe la posibilidad de contratar mayor personal o redirigir personal de alguna de las áreas, con una función en el acceso a la cava, para vigilar o disuadir y que la gente al ver presencia municipal desista. Y también solicita el juez, en un segundo punto del mismo fallo, que los destacamentos policiales le otorguen prioridad a estas denuncias cuando lleguen al 101 y que se atiendan de inmediato. Bueno, esto va a depender mucho más de la Policía, sobre la que el Municipio no tiene competencia sobre la Policía".

El Secretario lunghista luego señaló que "hay un último punto en la medida judicial, que es el que nos parece más factible, que es el darle difusión en los medios periodísticos locales, con fines preventivos y de concientización".

"Lamentablemente hubo decesos en esas cavas y uno siempre apela a la conciencia de la gente, porque el lugar no es un balneario, y es peligroso", adujo.

Curcio confirmó que el área que dirige trabaja en la presentación de una respuesta, dado que "algunas de las propuestas, de alguna manera exceden las atribuciones o ls posibilidades del Municipio. Vamos a presentar esta manifestación por si desde la justicia se decide la intervención del Ministerio de Seguridad, para que dispongan algo respecto de la Policía, que excede la competencia municipal", en tanto afirmó que "en todo cuanto podamos ayudar, lo haremos".

Indicó que si bien se venían comunicando "todos los veranos", con la empresa propietaria de las cavas, esto aun no sucedió en el marco del despacho del Dr. Zárate.

"El titular entiende que es fundamental que cada ciudadano entienda que no debe ingresar a la propiedad privada, independientemente que haya o no seguridad. Les pedimos que dentro de la propuesta conjunta, la reparación de los cercos, colocación de taludes, de cartelería, vamos a exigir que se cumpla. Pero por otro lado es complicado pedirle a alguien que todos los años este contratando una seguridad privada, porque la gente no obedece un mandato legal, que es que en definitiva no debe ingresar a un predio privado", reflexionó en su diálogo con La Voz.