5 de agosto de 2009
La Justicia Federal de Azul, a cargo del doctor Juan José Comparato, dio curso favorable a la presentación que desde Legales comunal había informado. Más precisamente la OMIC había presentado un recurso de amparo para frenar el aumento del consumo de gas.
La medida implica que los usuarios de la ciudad no deberán pagar el monto agregado a las facturas por el Estado Nacional, y solo abonarán lo correspondiente al consumo, según confirmaron desde la secretaría.
El titular del área, doctor Marcelo Giaconi, se dijo satisfecho por la resolución y destacó las gestiones llevadas adelante desde el área comunal, así como también el papel de la OMIC, quien a partir de este dictamen, recobró más ingerencia en sus potenciales intervenciones.
El funcionario señaló que desde el punto de vista de la comunidad, en principio la medida cautelar deja sin efecto el incremento, añadiendo que por el momento los consumidores deberán aguardar los pasos a seguir tras el dictamen judicial.
En este sentido desde la OMIC se había solicitado que aquellos usuarios que habían abonado la factura con recargo, dispongan de un crédito para la retribución del mismo; y en los consumidores que aún no han realizado el pago se solicitó que se aguarde unos días más hasta que la dependencia municipal notifique mediante un oficio a Camuzzi Gas Pampeana, de la medida dictaminada por la justicia, que deja sin efecto el tarifazo.
“Las facturas no abonadas y las por emitir, Camuzzi deberá cobrar exclusivamente el consumo y no el cargo famoso del decreto 2067/08. Ahora se abre una instancia importante aunque esto no es definitivo, es una medida cautelar”, aclaró el letrado.
Insistió Giaconi en que “si bien esto es una medida importante, esto recién empieza, porque se inicia el proceso de amparo propiamente dicho”.
“También –siguió- es importante que prohíbe el cese de servicio ante la falta de pago”.
Aclaró también que el juez no se pronunció sobre el pedido que aquel que ya había pagado se le abriera una nota de crédito, “por lo que entendemos que cuando salga la resolución de fondo se tendrá que expedir en la materia”.
“La resolución es clara: es irracional, la irracionalidad está dada en que el cargo de un fondo fiduciario termina siendo superior al costo del consumo, ante esto y al no contar con un defensor del pueblo en la provincia, más allá que está aprobado pero nunca se puso en marcha, no teníamos otra alternativa que plantear algo como esto”, cerró el funcionario.
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