Locales. Declaración Política del Partido Obrero frente al asesinato de Gabriel Giacone

El asesinato de Gabriel Giacone conmovió a toda la ciudad y ha puesto en el tapete, una vez más, la completa inacción policial, que raya en la complicidad con el crimen, y revela que el aparato represivo es factor central de la inseguridad.

Se ha denunciado reiteradamente la vinculación de la policía en la organización de delitos, zonas liberadas, el narcotráfico, la prostitución y las redes de trata. El poder político que gobierna el Estado es cómplice y se beneficia con los negocios de esta organización mafiosa de la policía. Por esa comunidad de intereses ni las “purgas progres” de Solá, ni la política de Casal; ni la “seguridad democrática” de Nilda Garré, ni el despliegue represivo del carapintada Berni, han resuelto el problema. La inseguridad asola a la población, principalmente a los de menos recursos.

La tentativa de criminalizar a la pobreza, esconde la situación en la que se encuentran miles de jóvenes en los barrios, víctimas constantes del accionar policial que intenta reclutarlos para sus redes de delito. Un caso paradigmático es el de Luciano Arruga, desaparecido a manos de la bonaerense por negarse a robar para ellos.

Nadie investiga como es que un arma de fuego llegó a manos de un menor. Evidentemente son las bandas organizadas del delito las que se encuentran detrás del crimen de Giacone.

Los “centros de reclusión sin salida” eufemismo oficial para nombrar las cárceles para jóvenes donde les enseñan a delinquir en serio, no es la salida. Ni para los jóvenes que allí se encuentran ni para la población que sufre la delincuencia. No es la pobreza, sino la descomposición del Estado que defiende los intereses de este régimen social capitalista lo que hace avanzar la inseguridad. Los negocios del narcotráfico, de la trata y del delito en general se blanquean en los bancos del sistema.

El crimen de Giacone, la desaparición del vecino Abel Barbero hace más de un mes sin que se tenga el menor indicio sobre lo que le pasó, sumados a la más de una decena de asesinatos impunes en Tandil desde el retorno de la democracia, dejan en claro la complicidad de la policía y la justicia con el crimen.

El primer paso para solucionar el problema es la intervención popular de las comisarías: que las organizaciones de derechos humanos y populares controlen el accionar policial.

Reclamamos Justicia para Gabriel. Que una comisión independiente integrada por familiares, amigos y organizaciones populares y de derechos humanos controle la investigación del caso.