Locales. Decretan la quiebra de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio

El Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Tandil decretó la quiebra de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio, entidad que deberá entregar "todos sus bienes" en un plazo perentorio.
Se trata de una institución gremial cuyos directivos resultaran imputados en otra causa, del fuero penal, por "administración fraudulenta" y "falsificación de documentos públicos".
Ahora, en el marco de la Ley 41.741, el magistrado Francisco Blanc intimó a Amect para que en el plazo de 24 horas haga entrega de todos sus bienes.
La mutual de Alem 560 deberá enmarcarse en lo que indican los artículos 86 y 88 inciso 3 de la Ley Concursal, "bajo apercibimiento de aplicarse las medidas compulsivas del caso", señaló el dictamen judicial.
La entidad también deberá entregar al síndico los libros de comercio y demas documentación contable. La fecha límite para que los acreedores se presenten ante el síndico designado, contador Néstor Omar Urrutia, es el 11 de noviembre. "Los informes individuales deberán presentarse los días 30 de diciembre y 14 de marzo de 2014", determinó el doctor Blanc.
De este modo, Amect queda acorralada judicialmente tras la dura embestida penal que significa el juicio que se viene en la faz penal, donde quedó complicado el secretario general del sindicato de empleados de comercio, Hugo Mohuapé, así como Osmar Cuarterola, Alfredo Araya, Jorge Acosta, Nancy Clementi y Daniel Héctor Blanco. El fiscal Marcos Eguzquiza también imputó en ese expediente a Osvaldo Héctor Lissarrague, José Ignacio Azurmendi y Ernesto Américo Berti.
La tesis de la Justicia refleja que en 2004 estas 8 personas, presidente, secretario, tesorero, vocales titulares e integrantes de la junta fiscalizadora de la Asociación Mutual Empleados de Comercio de Tandil, "quienes tenían a su cargo el manejo y administración de los bienes e intereses de la Asociación, juntamente con el presidente de la firma Alora SA, quien participó del ilícito prestando una colaboración necesaria", procuraron obtener un "lucro indebido para un tercero (Daniel Blanco) y causar un daño patrimonial" en la entidad.
Cuando fue consultado por este Diario, Mohuapé adjudicó la imputación a un "problema que se generó en 2010, antes de terminar mi primer mandato, con esta causa en mi contra donde todavía la Justicia no determinó nada, aunque yo tengo la conciencia tranquila que soy inocente".
De acuerdo a sus dichos, la denuncia responde a "cuestiones políticas, en 2004 se entregó el edificio de Alem 566, que era de la mutual, porque había que afrontar deudas y era la opción menos mala. En ese año yo voté como vocal", se defendió.
Y siguió: "en 2006, el denunciante hace una lista del gremio que compite con la mía, ganamos nosotros y después hace la denuncia. Ahora que defina la Justicia. Pero hay una cosa fundamental, mi conciencia está absolutamente tranquila, seguimos trabajando, y Empleados de Comercio demostró a la sociedad su progreso en estos 7 años de gestión", culminó.