Locales. Decretos certifican que más militantes de la CCC cobran subsidios municipales

La entrega de subsidios a militantes de la Corriente Clasista y Combativa por parte del Ejecutivo municipal excede a los líderes de la organización, porque además de Jorge Lezica y Griselda Altamirano, otros miembros de la agrupación perciben ayuda directa mensual.
El dato duro surge de los propios boletines oficiales publicados por el Gobierno local, en medio de una toma de la Regional de Anses que se prolonga en el tiempo, con un telón de fondo que habla de presuntos vínculos económico-políticos entre el lunghismo y la CCC.
LA VOZ pudo conocer que al menos 8 integrantes más de la organización social perciben montos regulares de la Secretaría de Desarrollo Social.
Natalia Di Salvo, Nancy Molina, María Alejandra Molina, Olga Echeverría, Laura Canziani, Sonia Abdala, Adriana Monteros y Nora Báez son los nombres y apellidos de la Corriente que recibieron subsidios en los últimos tiempos. Este Diario ya había revelado que Lezica y Altamirano, cabezas de la agrupación, cobraban entre 800 y 1.000 pesos por parte de Desarrollo Social. En tanto que también la Municipalidad financió con más de 3.200 pesos los viajes a La Matanza para traer insumos.

PEDIDO DE INFORMES

La noticia generó repercusiones: hablaron el funcionario radical Oscar Teruggi, los concejales Nicolás "Gino" Pizzorno y Fernando Rossi (FPV) y el propio "Mono" Lezica. Cerca del intendente desmienten que la CCC sea su fuerza de choque. En la sesión ordinaria de ayer, los ediles opositores presentaron un pedido de informes al Ejecutivo, sobre todo porque sospechan "discrecionalidad" en el uso de los fondos públicos. Y reclaman "transparencia". Mientras que el dirigente social que acampa en las puertas de la Anses admitió que recibían ayuda comunal aunque dijo que tienen diferencias en varios temas con la gestión del pediatra.
Mientras tanto, la CCC presiona para que Diego Bossio, titular de la Anses, resuelva los reclamos que en realidad tienen como destinatario al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y anticiparon que permanecerá en el piquete hasta que haya una respuesta.
Desde el kirchnerismo piensan que se trata de una actitud "extorsiva", con apoyo tácito de Lunghi y su equipo de Gobierno.
Al parecer, la Administración de la Seguridad Social no cederá al pedido en estos términos, aunque pasen los días con el edificio tomado. De hecho ya lanzaron un plan alternativo para la atención al público.
En este complejo escenario, los cuestionamientos a la "contradicción" lunghista se multiplican en el seno del FPV. Los allegados a Bossio creen que el intendente rechaza "de la boca para afuera" todo tipo de toma, pues lo consideran un método "ilegal", no válido en el marco del derecho a protestar. Pero por atrás, siguen financiando con subsidios a los militantes que protagonizan el bloqueo en Anses. Muchas fueron las expresiones del Ejecutivo en repudio a las ocupaciones. Deben recordarse las tomas en el Plan Federal de Viviendas, el caso del complejo habitacional de Smata, y la negativa a extender el servicio de luz a usurpadores. También el rechazo al histórico lock out patronal canteril que dejó sin tránsito vehicular a la calle Belgrano. El argumento era fustigar cualquier actitud que contradiga la ley. Esta fue una bandera varias veces flameada por el mandatario correligionario. Sin embargo, no duda en colocar recursos de las arcas municipales en la CCC. No sólo a sus caras más visibles, sino al resto de las filas.