Locales. Delitos privados, denuncias públicas

Por Guillermo Liggerini

De un tiempo a esta parte se ha venido cocinando hasta fermentar en una densa y delicada situación promovida por un grupo de vecinos que se autodefinen como víctimas del sistema judicial local. Más precisamente, se trata de casos que revisten presuntos delitos de instancia privada, pero que sus propios protagonistas se han encargado de publicitar sin el menor remordimiento de lo que puede generar en los únicas víctimas de lo que pasa: los menores.
Los medios de prensa, a sus modos y sus formas, han intentado guardar cautela y prudencia frente a una caterva de barbaridades que se vinieron declamando, a sabiendas que podría caberles alguna sanción judicial frente a denuncias plagadas de exabruptos que no hacen más que generar un denso clima e incierto futuro para quien precisamente dicen querer proteger: el menor.
Sin ánimos de entrar en un juicio de valor frente al derecho que le asiste a cualquier vecino a clamar por justicia frente a lo que considera una injusticia, no debería dejar de subrayarse que en la mayoría de los casos que han salido -por motus propio- a la palestra tiene una matriz común: un divorcio controversial y la lucha por la tenencia de los menores. En el medio, para más datos, un denominador común, una psicóloga que ha merecido el llamado de atención ya no de los actores judiciales, sino de varios colegas de la licenciada que se ha ganado fama de ver lo que otros no ven. Para ser más claros y contundentes: en todos los casos que ha intervenido se encuentra un abuso, con prácticas que ya han sido severamente cuestionadas entre sus colegas, muchos de ellos de intachable trayectoria.
Cabe aclararlo, su sola presencia no ha implicado desmerecer el circunstancial caso a investigar. De hecho, en éstas páginas se informó tiempo atrás sobre un juicio que tuvo condena para con abuelo que fue acusado de abusar de su nieta. Quien había intervenido como primera psicóloga fue precisamente la licenciada criticada. Empero, las psicólogas periciales del departamento judicial ratificaron la credibilidad en la niña que contó como pudo sobre lo que había padecido a través de la cámara gesell, sin dejar de aclarar que no compartían la actuación que había tenido aquella profesional en su primer intervención.
La movida que se ganó la calle el viernes pasado cuenta con un caso que a estas alturas podría ser emblemático. Una descarnada lucha familiar -con panfletos callejeros de por por medio- por la tenencia de una criatura que a estas alturas y pasadas ya varias instancias de mediación no se sabe de su paradero.
La familia del padre no cree en el accionar judicial e insisten en los abusos que habría sufrido su nieta, cuando ya las pericias han dado cuenta una y otra vez que no reviste características de haber sido abusada, más allá de lo que por otro lado propone como hipótesis la psicóloga de siempre. Han utilizado los mil y un artilugio legal para sortear lo que la justicia dispuso. No creyeron en lo que se dijo aquí primero y apelaron. En la Cámara respaldaron todo lo actuado, empero siguen descreyendo y desobedeciendo lo que se exige por ley, restituir a la niña bajo la guarda de un tío paterno.
Merece un párrafo aparte las débiles herramientas que la justicia hasta aquí demostró para hacer cumplir sus dictámenes. Resulta difícil explicar al resto de la sociedad como cualquier padre puede hacer lo que quiere, trasgrediendo todas las ordenes judiciales sin más (multas que llegarían a los 70 mil pesos).
La madre, sobre la cual la justicia descartó uno y cada uno de los delitos que achacaron su ex pareja y su entorno, no puede ver a su hija por la simple decisión de un padre que aún mantiene la potestad y con ella deambula con su hija esquivando las responsabilidades que les exigen los dictámenes judiciales.
Los actores judiciales que han intervenido, se encuentran maniatados a la hora de salir a responder sobre lo que se pone en duda: su accionar. Aquellos que pudieron ver pormenorizadamente el voluminoso expediente advertirá que se trabajó con seriedad y premura, pero como las conclusiones no se condicen con el deseo de los demandantes, se salió a desacreditar sin más.
Optaron -hasta ahora- por no responder públicamente manteniendo un folclórico bajo perfil. Igualmente, son funcionarios públicos, y como tales, debieran buscar los carriles pertinentes para aclarar los alcances de su accionar y así la sociedad conoce otra versión de los hechos en debate.