Locales. Denuncia penal por los terrenos de Villa Cordobita

Luego de las denuncias públicas que diferentes organizaciones sociales realizaron por la situación generada en Villa Cordobita a partir de los desalojos de días atrás, la Corriente Clasista y Combativa -una de las agrupaciones que también organizó una marcha al Palacio comunal- se presentó ante la justiciade Azul para radicar una denuncia penal por “Asociación ilícita y tráfico de influencias”.
Desde la organización social que encabeza Griselda Altamirano se presentaron en el mediodía de ayer, ante el Ministerio Publico de la vecina localidad contra un grupo de funcionarios municipales y judiciales, además de algunos particulares, por el supuesto delito de “Asociación ilícita y tráfico de influencias”.
La denuncia llega a la justica, luego de los sucesos de la pasada semana, cuando una serie de organizaciones -entre las que se encuentran la Asamblea por la Tierra y la Vivienda Tandil, la Asamblea La Poderosa Tandil, la agrupación Víctor Jara, el Movimiento Evita, la Agrupación “1° de Octubre” en la Corriente Clasista y Combativa, Patria Grande Tandil y el Partido Obrero – Unión de Juventudes por el Socialismo- suscribieron un duro documento, donde se deja entrever que la orden de allanamiento y desalojo contra tres familias "cuenta con numerosas irregularidades y pone de manifiesto la recurrencia de un reducido grupo de abogados locales vinculados a los litigios por usucapión e importantes negocios inmobiliarios".
"En Villa Cordobita, la empresa Tandilia SRL desapareció en los años "50 dejando propiedades acéfalas. En estos lotes, muchas familias comenzaron a ejercer la posesión pacífica a fines de los ´90, producto de la necesidad de garantizar el derecho vulnerado a la tierra y la vivienda digna, proceso que sigue hasta la actualidad en los terrenos aún libres".
Y denunciaron que "unos pocos vieron e hicieron un negocio de esto, lejos de tener una necesidad. Personas que alambraron hasta más de tres terrenos para luego vender su posesión y otras, que simplemente pagaron impuestos para luego acceder a un juicio de usucapión".
"Forman parte de la rapiña del negocio inmobiliario de nuestra ciudad que pretende desalojar a cuatro familias que tienen la posesión real de los lotes de Arlt y Paraguay. Para esto usan herramientas legales que conocen y manejan muy bien, incluso contradiciendo el Código Civil y el Código Penal -porque el denunciante no acredita la propiedad y, por ende, no existe delito de usurpación- todo, para "restituirle" la tenencia a alguien que jamás la tuvo y desalojar a los que sí tienen la posesión real".
"Esta situación deja en evidencia el tráfico de influencias" y detallan la participación en ese delito de un abogado de nuestra ciudad, una funcionaria municipal y un funcionario judicial, además de un vecino "quien habita en un lote, tiene cercados los lindantes y ya ha comercializado la posesión de varios, cumpliendo además el rol de cuidador de los lotes alambrados" por el funcionario judicial: todos ellos ahora acusados en la denuncia penal que ayer se radicó en Azul.
"Salimos a denunciar la asociación ilícita que conforman abogados, funcionarios municipales y funcionarios judiciales para apropiarse de las tierras fiscales o con propiedad acéfala, utilizando herramientas legales y tráfico de influencias" y agregan "seguimos investigando y cada vez se encuentran más irregularidades producto de su propio descuido. Se pone en evidencia que es su práctica habitual y se encuentran protegidos por la impunidad; por eso tienen el descaro de aparecer todos juntos en la causa ya que son amigos o socios". Fuente Nueva Era