23 de junio de 2022
Marijuán se basó sobre un artículo publicado en el diario Clarín el 13 de junio pasado y en declaraciones de Solano, quien manifestó que "en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan".
"Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería".
La denuncia, que recayó en el juzgado de la jueza María Servini, quedó registrada con el número 2078/2022.
"Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión", indicó el fiscal. "Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones", añadió.
El fiscal propuso como medidas de investigación que "se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020".
A ambos ministerios, además, propuso reclamarles que hagan "saber si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial".
En el mismo sentido, impulsó que "se solicite a los gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias en orden a los hechos ilícitos aquí develados".
Asimismo, a la Anses le requirió que informe "cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder al programa Potenciar Trabajo, como así también cuál es la documentación que debe presentarse al efecto".
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