Escándalo en Olavarría. Denuncian que familiares de funcionarios accedieron al Certificado único de Discapacidad sin ser evaluados

Días pasados se radicó una denuncia formal ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) contra la Oficina de Discapacidad del Municipio de Olavarría, por presuntas irregularidades graves en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). La presentación apunta directamente contra la directora Laura Arbillaga y la Licenciada Yamila Castro, señaladas por permitir maniobras que favorecerían a familiares de funcionarios locales y provinciales, salteándose los procedimientos establecidos.

Según pudo saber Solo Noticias, todo comenzó hace un par de meses, cuando se incorporaron dos médicas para integrar las Juntas Evaluadoras de Discapacidad que funcionan los lunes y miércoles: Gabriela Azar y Alejandra Vitale.

Uno de los casos denunciados involucra a un familiar directo de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, María Laura Gamberini. A esa persona se le otorgó un Certificado de Discapacidad por 10 años, sin requerirle informe psicológico, sin ser citado a una junta presencial y evitando la larga lista de espera que enfrentan vecinos que aguardan turnos desde hace meses.

El segundo caso mencionado apunta al hijo de un alto dirigente de Región Sanitaria IX, pareja actual de una funcionaria de extrema confianza de Mercedes Landívar. También en este caso, el certificado fue emitido sin evaluación presencia de Junta ni trámites regulares.

Fuentes del ámbito municipal aseguran que, en algunos casos, se habrían modificado informes profesionales para garantizar que los beneficiarios accedieran al CUD, algo que constituye una falta grave desde el punto de vista administrativo, ético y legal.

Antes de que la denuncia llegara al organismo nacional, la situación ya había generado tensión interna entre profesionales y autoridades de la oficina local, al punto de que se produjeron fuertes cruces verbales delante de vecinos que estaban presentes por consultas personales.

La gravedad de los hechos denunciados podría derivar en una investigación administrativa y penal, ya que las irregularidades señaladas configuran un uso discrecional y arbitrario de un derecho sensible como es el acceso al Certificado Único de Discapacidad, el cual da acceso a múltiples beneficios.

Fuente: Solo Noticias