Nacionales. Diputados trataría el proyecto de ley de tierras

La Cámara de Diputados nacionales reaccionó ayer ante el reclamo de la presidenta Cristina Fernández para tratar el proyecto de ley que busca limitar la venta de tierras a extranjeros y citaría a fin de mes o primera semana de setiembre a una reunión de comisiones.
De este modo, la comisión de Legislación General de la cámara baja convocaría a un cónclave conjunto con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería para discutir esa iniciativa.
El tratamiento del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso quedó "planchado" en las últimas semanas luego de que fracasaran un par de reuniones convocadas por la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), pero, a la luz del resultado electoral de las primarias, las posibilidades de que prospere han aumentado significativamente.
Luego de obtener un contundente respaldo en las primarias, la presidenta Fernández reclamó el lunes a "todas las fuerzas políticas" apurar el tratamiento de la ley de la propiedad de la tierra, cuyo proyecto limita a mil hectáreas la tenencia por parte de extranjeros a fin de proteger los recursos no renovables.
La razón por la que no avanzó el asunto fue la negativa de los titulares de las otras comisiones que tienen competencia secundaria para considerar el proyecto a participar de la reunión conjunta, esencialmente por cálculos de política preelectoral.
En ese contexto, Vilma Ibarra analizó el lunes con colaboradores el camino a seguir y se decidió reiterar en dos semanas la convocatoria a las otras comisiones que deben dictaminar sobre el proyecto: la de Agricultura, que preside el radical tucumano Juan Casañas y la de Asuntos Constitucionales, conducida por la duhaldista Graciela Camaño.
En tanto fuentes del kirchnerismo indicaron a esta agencia que la reunión a nivel de comisiones sería "la primera semana de setiembre".
"Es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que ante la crisis mundial la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio", advirtió ayer el diputado por Nuevo Encuentro Ariel Basteiro.
En un comunicado, el socialista aliado del Frente para la Victoria añadió que "es nuestro deber protegerla y lograr que la tierra vuelva a ser valorada como lo hacían las culturas originarias, entendiéndola como un bien público, preservando así los recursos naturales y asegurando que éstos no sean manejados por grandes corporaciones".
Desde el radicalismo, el jefe de la banca de diputados nacionales, Ricardo Gil Lavedra, anunció que "no vamos a poner obstáculos" para tratar el tema pero pedirá "una agenda más amplia".
El socialismo también se mostró a disposición para discutir las iniciativas.
"Compartimos con la Presidenta la indudable importancia que tiene este tema pero creemos que previamente deberíamos tener un registro único de catastro, es decir el inventario de tierras hoy en la Argentina", señaló el presidente del bloque socialista, Lisandro Viale, y recordó que su fuerza presentó una iniciativa para "tener la fotografía precisa sobre la tenencia de la tierra en la Argentina".
A mediados de junio, oficialmente se inició el tratamiento del proyecto con una visita que realizó el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, a la comisión de Legislación General, donde abogó a favor del proyecto para limitar la venta de tierras a extranjeros por tratarse, dijo, de "un recurso estratégico no renovable".
En esa oportunidad, Domínguez reveló que según el relevamiento realizado por el Consejo Federal Registral que coordina el Ministerio de Justicia, unos "7 millones de hectáreas están en manos de extranjeros o sociedades de otra nacionalidad", pero admitió que según datos extraoficiales la cifra podría llegar a 17 millones de hectáreas.
Por ello, el ministro marcó la necesidad de contar con una ley que unifique las normativas locales, a la vez que aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo "no afectará derechos adquiridos".
Además del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, hay varios proyectos para limitar la propiedad extranjera de la tierra presentados por diputados de distintos bloques, cuyo giro a comisiones fue unificado para facilitar el tratamiento del tema.