Locales. Dirigentes de PAT cuestionados respondieron a las acusaciones

“Sabrá la jueza que lo que ellos piden lo tienen en su poder?”. Con este fuerte contragolpe, Daniel Saltalamacchia, ex presidente de la Protectora de Animales Tandil, se defendió de las suspicacias que plasmaron en la Justicia tres socios disidentes, en torno a la cuestionada cesión de terrenos, hace una década.
Junto al actual presidente, Gustavo Desiati, realizaron una extensa exposición de documentación en la Redacción del diario LA VOZ, para contrarrestar las dudas que plantearon, en los medios y en el fuero Civil y Comercial, Elsa Salazar, Ana Gatti de Pedersen y Matías Pedersen.
Como se recordará, estos tres socios, opositores a la conducción vigente, dejaron entrever cuestiones difusas en el proceso de cesión de dos lotes, donados en 1997 por Carlos Alberto Blanco y Héctor Marcelo Blanco.
Para Desiati, esta campaña de desprestigio por la prensa está perjudicando seriamente a la entidad, que registró un importante “egreso de socios” y “desconfianza popular en la institución”.
Desde su punto de vista, Saltalamacchia asegura que la denuncia responde a “una puja de poderes y una cuestión personal”.
Ahondó en su tesis al sostener un viejo “rencor” tras la acusación. “Una mujer reclamó en 2005, cuando ellos eran gestión, que PAT no tenía lugar para atender a su perra”, y mediante una filmación, que tomó estado público, Saltalamacchia dijo haber desnudado fallas en la administración del predio, “que los animales no estaban bien alimentados y los caniles estaban destruidos”.
Desde ese momento, se profundizaron las diferencias internas en la Protectora, alegó. “Los únicos perjudicados son los animales”, añadieron.
Posteriormente, los entrevistaron, libros y actas en mano, marcaron la secuencia de hechos para sostener que Perdersen “siempre supo” y hasta “aprobó” por escrito y con su firma la cesión de los inmuebles, hoy en el ojo de la polémica.

“SIN AUTORIZACION”
Es inexacto decir “que los apoderados no cumplimos con los deseos de los donantes”, afirmó Saltalamacchia desde su versión para luego aclarar que “los Blanco dejaron a criterio de la Comisión Directiva” de aquellos años, la decisión sobre “el destino de los terrenos que debían impuestos y carecían en ese momento de valor dado que nadie edificaba en las sierras”.
Fue así que aquellas autoridades, “cumpliendo con el estatuto”, cedieron el boleto al veterinario Javier Pais, a un costo de “1.500 pesos”, valor que “fue abonado y figura en los balances”. Saltalamacchia ratificó que “el importe de la venta ingresó a la entidad y no fue producto de ninguna mora con el profesional”.
También criticó que “desde 2001 a 2005, cuando ellos condujeron PAT, nunca hicieron denuncia alguna y sabían de esta venta”.
Además ahondó en que “en 2005 esa comisión dejó en estado de abandono el predio y sin atender correctamente los animales. Con más de 10 caniles vacíos, la señora Pedersen manifestaba no poder levantar una perra a punto de parir por falta de lugar”.
Asimismo, tuvo lugar la declaración más dura de Saltalamacchia: “cuando se retiraron, en 2005, se llevaron gran parte de la documentación de PAT, incluso todas las boletas de 2004 que eran de su gestión”.
No obvió el entrevistado críticas por “asumir la representación de la Comisión Directiva al hacer socios pos su cuenta sin autorización” y “salir públicamente a perjudicar a la institución creando descrédito” poniendo palabras que “ponen en duda la honestidad de la anteriores comisiones”.
Luego aseguraron que “se están alejando los socios que colaboran con 5 pesos mensuales, y PAT debe ahora gastar dinero en abogados y papelería en vez de destinarlo a los animales”.

Lo que “no devolvieron”
A su turno, Saltalamacchia y Desiati dijeron que “la Asamblea Anual no está suspendida por esta denuncia sino porque no estaban terminados los balances por parte del contador contratado a ese efecto en 2007”.
Por lo tanto –argumentaron- “nada tiene que ver con la venta de terrenos que ocurrió hace más de 10 años”.
Aclararon también que “estos socios, solicitaron a través del letrado (Miguel) Ibarlucía una gran cantidad de libros y documentación de PAT. Lo que extraña, es que gran parte de la documentación que reclaman la tienen ellos en su poder, ya que es la que se llevaron de la sede de PAT y no devolvieron. No entendemos por qué la jueza lo pide”.
Ese hecho –según los entrevistados- consta “en las notas que reconocen tener y que hasta con escribano público, cartas documento y denuncias en Personas Jurídicas han sido solicitadas”.