17 de febrero de 2012
BUENOS AIRES.- Dirigentes de derechos humanos, de organizaciones sociales y legisladores nacionales presentarán en los próximos días en la Corte Suprema de Justicia una medida "extra judicial" para solicitar que intervenga en los casos de "criminalización de la protesta" contra la megaminería.
"Le vamos a pedir que haya un seguimiento de la criminalización de la protesta ante la ausencia del Estado de derecho, como se ha visto en ciudades como Andalgalá", explicó a DyN Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
El letrado, uno de los impulsores de la iniciativa, recordó que en el máximo tribunal de Justicia se encuentran radicadas varias causas por "daños ambientales".
Además, la Corte Suprema debe definir una presentación realizada por el gobierno de San Juan, la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) y la empresa Barrick Gold acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La norma fue sancionada por el Congreso en 2010, tras ser vetada un año antes por la presidenta Cristina Fernández, y todavía no fue reglamentada.
Viale opinó que en algunas provincias "el Poder Judicial está al servicio del capital minero" y resaltó la situación que se vive en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, donde grupos autodenominados "pro mineros" impiden el ingreso de integrantes de organizaciones sociales y periodistas.
"Nos preocupa mucho esta violación de los derechos básicos y esta escalada de violencia", sostuvo.
Asimismo, explicó que el objetivo de la presentación es que la Corte Suprema "recabe informes en los poderes judiciales" provinciales porque, consideró, "la lucha" entre asambleístas que se oponen a la megaminería y quienes defienden los emprendimientos "es muy desigual".
El abogado destacó que el diputado nacional por Proyecto Sur Jorge Cardelli denunció que fue retenido en Andalgalá por grupos a favor de la minería cuando llegó para participar de una convocatoria realizada por los asambleístas locales.
En tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó hoy a los manifestantes que se movilizan contra las empresas mineras y advirtió que existe una contradicción en "todos los ambientalistas que usan relojes y celulares y gas en sus casas", pero protestan contra esa actividad.
"Decir no a la minería significa volver a la edad de piedra. Si usted tiene un reloj, seguramente tiene cuarzo y aluminio. Todos estos ambientalistas usan relojes y celulares y utilizan gas en sus hogares", expresó el mandatario patagónico al referirse a elementos hechos con recursos minerales.
En declaraciones a radio La Red, Weretilneck sostuvo que "hoy la calidad de vida de Argentina y del mundo tiene origen y sustento en la actividad minera" y dijo que sin esa actividad económica "la humanidad no tendría el desarrollo que alcanza hoy".
Weretilneck defendió la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), integrada por los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
El organismo surgió en momentos en que hay un aumento de las protestas públicas contra los gobiernos que permiten la minería a cielo abierto, resistida por grupos de vecinos y ambientalistas que también llevaron casos a la justicia.
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