19 de marzo de 2021
La propuesta se enmarcó en el ciclo de capacitaciones que
ofrece, de manera gratuita, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de
Azul, a todos sus matriculados y matriculadas. "Los derechos de las personas
con discapacidad, el mundo jurídico que gira en torno a ellos y los abordajes
que alienta la especificidad de esos derechos siguen siendo, en nuestro país,
materia de escaso debate y poca visibilización. Desde el CAA, entendemos que el
planteo es urgente, además de vital. Para ello contamos con un Instituto de
Discapacidad que trabaja de manera permanente en la difusión y tratamiento de
herramientas que son de suma utilidad para las familias que atraviesan una
situación compleja de vulneración de esos derechos o tienen problemas con los
organismos públicos y privados encargados de velar y hacer cumplir esos
derechos", sostuvo Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados
Departamental.
En relación a los puntos recurrentes del debate en torno
a los derechos de las personas con discapacidad, Seda subrayó que la discusión
no tiene un carácter tan jurídico sino que más bien se centra en la asignación
de recursos: "en el ojo de esta tormenta siempre están las obras sociales y las
empresas de medicina prepaga. No son pocos los casos de prestaciones pendientes
que se resuelven a través de los amparos. En suma, la sustancia de ese debate
suele ser el estudio de los costos y prestaciones que deben cubrir esas
entidades y, generalmente, cuando lo hacen no es por pedido de los afiliados sino
porque se resuelve a través de un amparo, es decir, por orden judicial".
La salud, la educación y la sostenibilidad
En lo que refiere al cumplimiento y protección de los
derechos de las personas con discapacidad, la salud y la educación ocupan un
lugar privilegiado: "el actual sistema deposita en las obras sociales y
empresas de medicina prepaga, la obligación de cumplir con prestaciones que son
inherentes a la salud pero también alcanzan el área de la educación, como los
gastos de traslados y apoyos para personas con discapacidad en el ámbito
educativo son cubiertas, lo cual conlleva un debate sobre la sostenibilidad del
sistema. Muchas de las personas que motorizan los reclamos y planteos por la
vía judicial, ya intentaron la resolución del conflicto por la vía
administrativa de aquellas empresas de medicina prepaga u obras sociales de las
que son beneficiarios.
La demanda por la vía judicial viene a sanear un derecho
vulnerado. Podemos hablar de inclusión? No necesariamente, la vía judicial
repara un problema de distribución y de administración de recursos sanitarios,
entre otros, pero no constituye per se una herramienta de inclusión real.
Un debate más profundo también debería incluir el
análisis de la escasez de esos recursos de la falibilidad de las coberturas y
cuáles son las condiciones actuales de un sistema de distribución que pretende
esgrimir la solidaridad como principio", subrayó Seda.
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