Lo reconoce el Ministerio de Capital Humano . Documento demuestra que el Gobierno nunca auditó los comedores antes de sacarles los alimentos

En un documento oficial, el Ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente en los últimos días que la auditoría con la que el gobierno de Javier Milei justificó la suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios nunca existió.

Según dio a conocer el periodista Ari Lijalad, la confirmación llegó en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada nacional Natalia Zaracho (Frente Patria Grande).

El documento sostiene que la supuesta auditoría mencionada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "resulta ser inexistente".

En mayo de 2024, Posse afirmó en el Congreso que "casi el 50% de los comedores no existían", basándose en una auditoría del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

La declaración fue replicada por el propio presidente Milei y utilizada para frenar la distribución de millones de kilos de alimentos.

Sin embargo, más de un año después, el propio ministerio reconoció que no hubo tal auditoría: solo se realizaron "supervisiones y verificaciones territoriales" que no cumplen con los parámetros de un informe de auditoría contemplado por la Ley 24.156.

Según el ministerio, entre febrero y abril de 2024 se relevaron 2.193 espacios del Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), que tiene más de 35 mil inscriptos. Del total, 1.161 fueron identificados como comedores o merenderos.

En los 1.032 casos restantes se registraron inconsistencias:

33% ya no funcionaba como comedor o merendero.

25% presentaba datos erróneos en la inscripción.

16% nunca había funcionado como comedor en la dirección declarada.

Esto significa que el Gobierno solo revisó el 6% del total de comedores inscriptos, muy lejos de un relevamiento integral.

La falta de auditoría pone en cuestión la base con la que se frenó la asistencia alimentaria a miles de familias en todo el país.

Organizaciones sociales denuncian que el recorte dejó a millones de personas sin acceso a la comida diaria en comedores comunitarios.