27 de marzo de 2012
BUENOS AIRES.- El Gobierno de Estados Unidos suspendió ayer a la Argentina de su sistema de preferencias arancelarias por el incumplimiento en el pago a dos empresas de ese país, por 300 millones de dólares, en una disputa llevada al CIADI (sigla en inglés del Centro Internacional para Resolución de Controversias).
Por su parte, el Gobierno argentino a través de la Cancillería acusó al de Estados Unidos de ceder al "lobby de fondos buitres" y por intermedio del Ministerio de Industria minimizó el impacto de la decisión dado el volumen de exportaciones que están siendo colocadas por esa vía.
En tanto, la presidenta Cristina Fernández se refirió al tema en forma tangencial durante un discurso que ofreció anoche en la Casa de Gobierno al sostener que "hay que estar atentos a pequeñas guerritas y guerrillas de carácter comercial que trataremos de abordar con la mayor civilización y legalidad posibles".
En ese contexto recordó que por ejemplo la Argentina no puede ingresar carne a los Estados Unidos y "ni tan siquiera ni un sólo limón", aunque ninguno de esos productos forman parte de los productos elegibles del SGP.
El estatuto de preferencias arancelarias beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos, en el caso de Argentina por un monto de 477 millones de dólares anuales, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en su comunicado difundido por la agencia AFP.
"Instamos al Gobierno de Argentina a pagar las indemnizaciones en cuestión", sugirió el representante de Comercio de Estados Unidos, Ron Kirk, a través de un comunicado publicado por agencias internacionales.
En tanto, la Cancillería emitió un comunicado en el que acusa a los fondos buitres de presionar a Washington para que excluya a la Argentina de ese sistema.
"El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena en forma contundente", dijo el parte.
A su vez, el Ministerio de Industria minimizó el impacto de la medida al indicar que "la decisión reduce en solo 18 millones de dólares anuales las facilidades de acceso a dicho mercado, que en el 2011 registró un intercambio comercial de 18.000 millones de dólares en bienes y servicios".
En un comunicado de prensa la cartera que comanda Débora Giorgi precisó que "en 2011 los exportadores argentinos solo canalizaron el 52 por ciento de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias".
La decisión anunciada por la administración de Barack Obama en Washington se hará efectiva dentro de dos meses y plantea la eliminación de la Argentina del listado de países con preferencias comerciales, con el que contaba en el régimen GSP (según sus siglas en inglés) y que eximía al país del pago de aranceles de exportación al mercado estadounidense.
La medida fue adoptada a instancias de los reclamos formulados oportunamente por las empresas Azurix, dedicada al suministro de servicios de agua con sede en Houston, y de Blue Ridge, una compañía de inversión de Atlanta, por compensaciones por las medidas adoptadas por la Argentina tras el 2001.
De esta manera, la Argentina se convierte en el primer país que sufre la suspensión del mencionado programa por incumplir con el pago de los fallos realizados por la CIADI, un organismo del Banco Mundial dedicado a atender disputas generadas entre gobiernos y empresas privadas.
Las empresas en cuestión reclaman indemnizaciones al Estado argentino por un valor de 300 millones de dólares y lograron en Washington que el gobierno de Estados Unidos apoye su posición al excluir a la Argentina del listado de países que se beneficiaban con el régimen GSP.
Tanto Azurix como Blue Ridge desde hace años intentan cobrarle sentencias en su favor que oportunamente fueron presentadas ante el CIADI por incumplimientos de contratos por parte del Estado argentino.
Proclama
La Proclama que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, suscribió ayer para modificar la franquicia que tenía la Argentina en relación al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) alude a cuestiones "de buena fe", en cuanto a que el país no cumplió con "laudos arbitrales a favor de ciudadanos de los EE.UU."
El SGP, que data de 1974, establece que el presidente "no designará como beneficiario a ningún país..." si este "no actúa de buena fe en el reconocimiento como obligatorio de los laudos arbitrales, adonde las partes involucradas han presentado su disputa", en este caso el CIADI.
La proclama, una suerte de Decreto en primera persona que difundió la Casa Blanca, le notifica al Congreso la suspensión de la condición de la Argentina, ya que se recuerda que es el presidente quien "está autorizado para designar a los países beneficiarios".
En la misma comunicación, Obama designó como beneficiario del SGP a Sudán del Sur y otorgó otros beneficios a la República Dominicana y Haití.
"Por lo tanto, yo, Barack Obama... proclamo que 60 días después que se publique en el Boletín Oficial se suspenderá a la Argentina como beneficiario del SGP", escribió "de mi mano" el presidente de los Estados Unidos.
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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